El Gobierno de

Brasil

consiguió anular en la Justicia

la cautelar que impedía conmemorar mañana en los cuarteles militares los 55 años del golpe de Estado de 1964

, que abrió paso a un régimen dictatorial que se prolongó durante 21 años.

La conmemoración de esa fecha había sido prohibida por un tribunal de

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ia pero este sábado la Abogacía General, que representa al Estado ante la Justicia, informó de que otro juzgado anuló esa decisión, que había sido tomada en forma cautelar.

La cuestión abrió este año una polémica particular porque es la primera vez, desde que el país recuperó la democracia en 1985, que la fecha se recuerda con un militar en el poder.

El presidente

Jair Bolsonaro

es capitán de la reserva del Ejército y desde que está en la vida política enaltece la época de gobiernos militares, sobre la cual niega que haya sido una dictadura, pese a que en ese período no hubo elecciones, unas 400 personas murieron o desaparecieron y miles fueron perseguidas, torturadas o forzadas al exilio.

El vocero de la Presidencia, general Otavio Rego Barros, anunció en la semana que Bolsonaro había ordenado "las conmemoraciones debidas en relación al 31 de marzo de 1964", aunque el propio jefe de Estado alteró luego el verbo y dijo que se trataba de "rememorar" y no "conmemorar".

Los actos en las Fuerzas Armadas empezaron el viernes, cuando en varios cuarteles se leyó un documento que no califica al derrocamiento del entonces presidente Joao Goulart como golpe ni al período que se inició con esa acción de dictadura, en línea con la idea que defiende Bolsonaro.

Según ese documento, distribuido por el Ministerio de Defensa, "el 31 de marzo estaba incluido en el ambiente de la Guerra Fría" y las Fuerzas Armadas, "atendiendo el clamor de la amplia mayoría de la población y de la prensa, asumieron un papel de estabilización" en medio de una "convulsionada" coyuntura política.

Esa visión motivó protestas de la Fiscalía General, de grupos de defensa de los derechos humanos y llevó al influyente Colegio de Abogados de

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a presentar una demanda contra el Gobierno ante organismos de las Naciones Unidas.

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Según los abogados que presentaron la demanda junto al Instituto Vladimir Herzog, "se espera que las Naciones Unidas se manifiesten públicamente sobre la importancia del derecho a la memoria y a la verdad" y "sobre la necesidad de mantener vivo el recuerdo de las atrocidades cometidas durante el régimen militar".

Pero hoy, la jueza Maria do Carmo Cardoso, del Tribunal Federal Regional I, de la segunda instancia, dijo haber constatado que "la nota divulgada por el ministerio de Defensa, ampliamente divulgada por la prensa, no trae ninguna connotación o afronta al estado democrático de derecho", reportaron la estatal agencia ABR, Ansa y EFE.

También este viernes, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional

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, Jurema Werneck, había juzgado "preocupante que las autoridades de un país sugieran celebrar" el inicio de un período marcado por persecuciones políticas, represión y restricción a la liberad de expresión y de prensa. Además, el relator especial sobre la Promoción de la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de la ONU, Fabián Salvoli, había pedido a Bolsonaro "reconsiderar" la medida.

En San Pablo, un colectivo de artistas reclamó este sábado frente a la sede del DOI-CODI, el centro de la policía política, que el lugar se convierta en un centro de memoria. Para el domingo está prevista una Caminata del Silencio por las víctimas del terrorismo de Estado, en la Plaza de la Paz.

Informe Rousseff

Según un informe de 2014 de una Comisión de la Verdad -conformada por la presidencia de Dilma Rousseff-, el régimen que gobernó entre 1964 y 1985 dejó 434 muertos y numerosos desaparecidos.

El informe detalló en sus 4.500 páginas miles de casos de persecuciones y torturas y citó como responsables a 377 agentes de la dictadura, de los cuales unos 200 todavía estaban vivos hace cinco años. 

Una ley de amnistía de 1979 dictada por el régimen del general Joao Baptista Figueiredo impide juzgar crímenes contra la humanidad.

La creación de la Comisión por parte de Rousseff tuvo únicamente el objetivo de conocer qué pasó con los opositores desaparecidos.