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7 de octubre de 2024

El Gobierno modificó los requisitos para mantener las pensiones no contributivas o las asignaciones de la ANSES

Para fortalecer los controles, el Ejecutivo reguló el requisito de residencia en el país para acceder al beneficio y fijó que quienes incumplan la normativa serán suspendidos del sistema

>El Gobierno nacional modificó los requisitos para mantener las La medida se hizo oficial mediante la publicación de la resolución 918/2024, que regula el requisito de residencia en el país para la obtención y/o percepción de algunos de estos beneficios. En ese sentido, plantea que “la persona titular o generadora de derecho, según corresponda, no cumple con dicho requisito cuando se haya ausentado del territorio de la República Argentina por un período superior al de 90 días corridos”.

De esta manera, para verificar el cumplimiento del requisito de residencia, la normativa indica que “se utilizará la información obrante en las distintas bases de datos de la ANSES y aquella remitida por la Dirección Nacional de Migraciones, en el marco de los convenios vigentes entre ambos organismos”.

Lo mismo sucederá para quienes cobren la bonificación por zona austral, por lo que aclara que, una vez que se verifique el incumplimiento del requisito de residencia de zona austral se procederá a la baja de la bonificación, “debiendo ser solicitada y probado el derecho a la misma para ser abonada nuevamente”.

Para esto, la ANSES “deberá implementar sistemas administrativos y contables que permitan un adecuado control de la gestión económico-financiera y prestacional, debiendo presentar, anualmente al Poder Ejecutivo Nacional para su aprobación, su memoria y estado contable”.

Esta decisión se da en el marco de un proceso de fiscalización y auditoría de las asignaciones y prestaciones de la seguridad social que se pagan a través de ANSES. De hecho, hace tan solo un mes, el Ejecutivo estableció límites para acceder la pensión por invalidez laboral luego de que Infobae diera a conocer el resultado de las auditorías internas, que revelaron había beneficiarios que vivían en el exterior, habían fallecido o trabajaban en municipios.

Según el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, la auditoría llevada adelante por su área, y que fue ordenada por Javier Milei, revela un “escandaloso negocio con la discapacidad” que “representaría un desvío de fondos estimados entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año”. “Hay beneficiarios fallecidos, que viven en el exterior, como en Grecia, o vinculados a movimientos sociales como el Evita”, precisó a este medio.

Desde la Casa Rosada explicaron: “Estas modificaciones, con fines de utilizarlo como clientelismo político, resultaron en desvío de fondos del Estado vulnerando los derechos de las personas destinadas a esta ayuda” y argumentaron que “la nueva normativa busca corregir estos desvíos y restablecer la confianza en el sistema de pensiones”.

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