Siete provincias pagarán bono de fin de año a sus empleados públicos

9 de diciembre de 2024

Siete provincias pagarán bono de fin de año a sus empleados públicos

Son Santiago del Estero, San Luis, Jujuy, Formosa, La Pampa, Corrientes y Salta. El distrito gobernado por Gerardo Zamora es el que más paga: $ 1,3 millón a cada trabajador

>En un esfuerzo por mitigar los efectos de la inflación y el deterioro del poder adquisitivo, siete gobernadores implementaron bonos extraordinarios de fin de año para sus empleados estatales, a pesar del complejo año económico, marcado por una significativa reducción en las transferencias de coparticipación.

El santiagueño fue el primer gobernador en anunciar el bono. Lo hizo a principios de noviembre. En un comunicado oficial subido a sus redes sociales de Facebook y X, indicó que “de acuerdo al compromiso con la Mesa de Diálogo y Trabajo los empleados públicos santiagueños volverán a recibir un bono de fin de año de 1.300.000 pesos”.

Zamora es un radical del Frente Cívico y Social, pero actúa como aliado del kirchnerismo. En el Congreso de la Nación, los legisladores de su partido no avalaron las reformas que impulsó la gestión de Javier Milei.

El gobernador adelantó, además, que el 20 de diciembre se pagará el aguinaldo y envió un mensaje a los intendentes y comisionados municipales de la provincia para que “hagan el esfuerzo presupuestario, adhiriendo al mismo monto y cronograma, para que los empleados municipales también puedan recibir esa ayuda extra, en estos momentos difíciles”.

“En este año, con muchísimo orden y esfuerzo, estamos equilibrando las cuentas, no nos sobra nada, pero ya con los ingresos estamos cubriendo las erogaciones. Es un muy buen punto de partida para poder proyectarnos con esperanza hacia el futuro”, remarcó en su mensaje.

Gustavo Sáenz, en Salta, entregó $100.000, mientras que en La Pampa, Sergio Ziliotto otorgó $300.000 y mantuvo activa la cláusula gatillo para ajustes salariales hasta enero.

En Formosa, en tanto, el gobernador peronista Gildo Insfrán dispuso un bono excepcional de $700.000, dividido en dos cuotas para enero y febrero. Este beneficio excluyó a quienes percibieron ingresos brutos superiores a $2 millones y a ciertos funcionarios de alto rango.

Estas medidas se tomaron en un escenario financiero complejo. Según datos oficiales, las transferencias por coparticipación disminuyeron un 10,7% en términos reales interanuales, mientras que las transferencias no automáticas cayeron un 76,8%. Este retroceso afectó severamente los presupuestos provinciales, obligando a los gobernadores a realizar ajustes salariales para equilibrar las cuentas.

Sin embargo, la inflación acumulada y las sucesivas devaluaciones erosionaron el poder adquisitivo de los empleados públicos, a pesar de los incrementos salariales en algunas provincias que superaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los bonos actuaron como paliativos temporales para amortiguar esta pérdida.

A pesar de las dificultades actuales, el gobierno nacional proyectó un aumento en las transferencias a provincias y municipios para 2025, estimadas en $3,6 billones, lo que representó un incremento del 69,9% respecto al cierre estimado de este año. Este aumento se explicó principalmente por mayores transferencias corrientes y, en menor medida, por transferencias de capital.

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