Frigerio corrió a la administración sindical e intervino la obra social de Entre Ríos

11 de diciembre de 2024

Frigerio corrió a la administración sindical e intervino la obra social de Entre Ríos

La decisión se tomó en medio de una merma significativa de los servicios y un déficit creciente. El Gobernador colocó al frente a Mariano Gallegos, ex vice de la obra social de la ciudad de Buenos Aires

>Rogelio Frigerio cortó por lo sano y decidió intervenir el Instituto de Obra Social de la provincia de Entre Ríos (IOSPER), un organismo descentralizado administrado por un directorio sindical desde principios de siglo.

La segunda razón es que la administración Frigerio siempre vio al IOSPER como una “caja negra” de la política. La obra social es monopólica en la prestación de servicios de salud de funcionarios y empleados estatales, provinciales y municipales de los tres poderes. Tiene una clientela cautiva de casi 300 mil personas que aportan el 3% de sus haberes.

Cañete renunció el martes por la noche y este miércoles por la mañana el Ejecutivo anunció el desembarco de la intervención. La primera medida a tomar será ordenar una auditoría del IOSPER para tener una idea real de cómo está el organismo.

Las rendiciones de cuentas, además, llegaban a destiempo. Las de agosto fueron remitidas a la Comisión el 15 de octubre, por caso.

Todos estos elementos fueron tenidos en cuenta a la hora de dictar el decreto de intervención. Al frente del proceso, Frigerio designó a Mariano Gallegos, abogado porteño. Fue vicepresidente de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires. Y tuvo a su cargo el Plan Nacional de Abordaje integral del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Estará acompañado de Marina Alegre como subinterventora.

La administración sindical de la obra social se definió por votación directa de los afiliados divididos en siete estamentos. Estos son: activos del Poder Judicial y Legislativo, empleados del IOSPER, activos del Poder Ejecutivo, docentes, municipales, pasivos y activos y retirados de la policía.

Durante el gobierno de otro peronista, Gustavo Bordet, el Estado restituyó los aportes patronales al 6%. En 1994 se habían reducido al 4%. Sin embargo, el ingreso extra de fondos no logró torcer el rumbo de una obra social que no podía garantizar servicios básicos. La entrega de prótesis puede demorar 3 meses. Y el pago de prestaciones por discapacidad hasta 4. Para tener cobertura, los afiliados debían recurrir a la vía judicial: en septiembre, las erogaciones por acciones legales llegaron a $ 868 millones.

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