Adicionalmente, la jueza aclaró que, independientemente de si las reservas de oro se encuentran bajo custodia del Banco Central de la República Argentina (BCRA) o no, el país está obligado a proporcionar documentación que tenga en su poder sobre estos activos. Este requerimiento subraya la obligación del Estado de cumplir con las órdenes judiciales del tribunal estadounidense.

Los documentos solicitados están relacionados con activos estratégicos del país, lo que genera un alto interés internacional y podría tener implicancias importantes en el caso por la expropiación de la petrolera YPF, considerada una de las disputas más significativas en la historia reciente entre un Estado soberano y acreedores internacionales.

En diálogo con Infobae, Maril explicó las particularidades del sistema judicial estadounidense y su contraste con el argentino, un aspecto clave para entender el fallo de la jueza Loretta Preska. “El sistema judicial argentino es diferente al americano. La sentencia de Preska está firme, pese a que sea apelable y haya sifo apelada”, señaló. Además, recordó que existen dos formas de evitar embargos: una de ellas es presentar una garantía, algo que, según él, “Preska recomendó apenas asumió Javier Milei, pero el presidente no lo hizo porque había otras prioridades >Sobre los embargos, Maril destacó que desde el 30 de enero, fecha en que se ordenaron las medidas iniciales, comenzaron los procesos para intentar embargar activos argentinos como las acciones de YPF en manos del Estado o el oro del BCRA, como parte de las solicitudes de los beneficiarios del fallo.

Maril explicó que uno de los objetivos principales de los demandantes es demostrar que Argentina utiliza activos soberanos para actividades comerciales, lo que podría hacerlos embargables. “Si usaste la cuenta de una propiedad consular para un pago comercial, eso es algo que los demandantes buscan identificar”, afirmó.

Respecto de la apelación que está en curso, el especialista indicó que solo el 32% de los casos llegan a argumentos orales, mientras que el resto se decide sin ellos. “Si no hay argumentos orales, ya empezaron a deliberar. Si los hay, todavía no empezó la deliberación”, explicó.

El caso por la expropiación de YPF, que enfrenta a la República Argentina contra el fondo de inversión inglés Burford Capital, se encuentra en una etapa clave. Según información reciente, la sentencia inicial dictada por la jueza Loretta Preska acumula una cifra de más de USD 17.000 millones, incluyendo intereses y honorarios legales. De este total, unos USD 1.000 millones corresponden únicamente al presente año.

Burford, que invirtió USD 400 millones en la demanda y luego vendió el 60% de sus derechos para financiar el litigio, apuesta a cobrar el fallo este año. Para ello, continúa litigando en primera instancia sobre cuestiones paralelas, como la posibilidad de que la justicia estadounidense determine que YPF actúa bajo órdenes del Estado argentino. Esto permitiría avanzar con embargos y, eventualmente, hacerse con las acciones de YPF en manos del Estado como parte de pago.

Burford observa con atención el escenario económico y político del país. El crecimiento sostenido de las acciones de YPF en Wall Street, que aumentaron más de 170% en un año, sumado a la baja en el riesgo país, crea un contexto que consideran favorable para negociar con el Gobierno. Sin embargo, hasta el momento no se han alcanzado acuerdos, ya que el Ejecutivo optó por esperar el fallo de apelación antes de tomar decisiones concretas.

Entre las alternativas que Burford estaría dispuesto a aceptar, se encuentran quitas de capital o el pago mediante bonos soberanos. Según un informe de Bloomberg, el fondo incluso evaluaría opciones como bonos “zero-coupon” a 10 años, que no generan intereses y comienzan a pagarse tras una década.

El próximo movimiento del caso será la presentación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que emitirá su opinión sobre un pedido de Burford: la entrega de las acciones de YPF como parte de pago. Aunque el organismo previamente se opuso, un fallo reciente de la Corte de Apelaciones relacionado con activos de Irán podría influir en esta nueva instancia.

El desenlace del caso no solo determinará el futuro de YPF, sino también las posibilidades de acceso de Argentina a los mercados internacionales de crédito y la estrategia del Gobierno frente a demandas similares en el ámbito global.

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