Lo cierto es que, desde que se fue convocado por el gobierno, el proceso licitatorio siguió su curso, y ahora será la cámara de apelaciones en lo Contencioso Administrativo federal la encargada de definir la apelación de las empresas que en su momento presentó una medida cautelar, resuelta en favor del gobierno por parte del juez Enrique Lavié Pico, a cargo del juzgado 6 de ese fuero.

DEME, que opera a nivel global, resaltó en la presentación judicial que el proceso de licitación estaba orientado para favorecer a Jan de Nul, la actual operadora de la hidrovía -también con sede central en Bélgica- en un consorcio conjunto con la argentina EMEPA, del empresario Gabriel Romero, que operan la vía troncal desde hace décadas.