Una de las disposiciones clave es la renuncia de CAMMESA al derecho de prioridad en relación con la capacidad de transporte resultante de la ampliación del GPM. Este cambio en los términos del contrato busca asegurar que todas las partes involucradas sean tratadas de manera equitativa y se optimice la asignación de los recursos disponibles. Además, la resolución establece que las modificaciones contractuales entre ENARSA y CAMMESA deberán ser sometidas a autorización por parte de la Secretaría de Energía dentro de un plazo de diez días hábiles desde la entrada en vigor de la medida.