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4 de abril de 2025

En 14 meses, el Gobierno dio de baja a 42.034 empleados de la administración pública

Son datos oficiales que abarca el período entre diciembre de 2023 y febrero de 2025. La reestructuración, impulsada por el Ministerio de Desregulación, apunta a cumplir con las metas de superávit fiscal y eficiencia del Estado

>Durante los primeros 15 meses de gestión del presidente Javier Milei, un total de 42.034 empleados dejaron sus puestos en el sector público nacional. Esta cifra representa una reducción del 8,4% del personal estatal y marca uno de los ajustes más profundos en la estructura administrativa del Estado argentino en décadas recientes.

Según el análisis presentado, las desvinculaciones abarcan tres grandes áreas del Estado: la Administración Pública Nacional (APN), las empresas estatales y el personal militar y de seguridad. La APN concentró el mayor volumen de bajas, con una reducción del 11,8% en su plantel, seguida por las empresas públicas, donde la caída fue del 15%, y el sector de defensa y seguridad, con menores cifras aunque también en descenso.

El informe destaca que, tomando como base los salarios promedio ponderados de febrero de 2025 para cada tipo de contratación, el ahorro en sueldos asciende a USD 817,5 millones anuales. A este monto se le suman los costos indirectos asociados al funcionamiento administrativo —infraestructura, servicios, insumos, equipamiento— que, según estimaciones utilizadas por el propio Gobierno, equivalen aproximadamente al salario del trabajador. Por esta razón, se estima que el costo total de un empleado estatal duplica su sueldo, llevando el ahorro total proyectado a 1.635 millones de dólares.

Desglosado por tipo de contrato, el mayor ahorro en sueldos proviene de las desvinculaciones bajo la Ley Marco, con USD 216 millones, seguidas por las del personal de planta permanente y transitoria (USD 190 millones) y los contratos LOYS (USD 61 millones). Sumando los costos indirectos, los valores se duplican: USD 432 millones, USD 380 millones y USD 122 millones, respectivamente.

El documento oficial también hace una salvedad metodológica: los cálculos se basan en el salario promedio de la APN, pero se aplican también para estimar el ahorro en otros sectores del Estado, como las empresas públicas y las fuerzas de seguridad. Si bien esta aproximación puede resultar conservadora —dado que los costos asociados pueden ser mayores en otras áreas—, se consideró apropiada para unificar criterios de análisis.

Desde el Gobierno se sostiene que esta política de reducción de personal responde a un compromiso explícito con la eficiencia, la austeridad y la necesidad de alcanzar el superávit fiscal. “Son menos impuestos para todos nosotros”, afirmó el ministro Sturzenegger en sus redes sociales, al comunicar los resultados del informe. En ese sentido, el recorte en la estructura del Estado se presenta como uno de los pilares centrales de la estrategia económica que impulsa la actual administración.

Organizaciones sindicales advirtieron que muchas de las personas afectadas cumplían funciones clave en áreas sociales, de salud, educación o ciencia y técnica, lo que, según sostienen, podría afectar la calidad y continuidad de servicios públicos esenciales. A su vez, denuncian que en algunos casos las desvinculaciones se realizaron sin mediar evaluaciones de desempeño ni procesos de revisión adecuados.

Frente a estas críticas, el Gobierno reafirmó que el proceso de reducción fue planificado y que continuará durante este año. La cartera de Desregulación anticipó que se avanzará con una segunda etapa que incluirá la eliminación de áreas estatales consideradas no esenciales, así como una revisión integral de estructuras organizativas con el objetivo de evitar duplicaciones, superposiciones de funciones y mantener sólo las dependencias con impacto real en la gestión pública.

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