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10 de abril de 2025

Seguros: la Justicia volvió a ordenar la inhibición de bienes de Alberto Fernández y de otras 50 personas

Lo decidió el juez Sebastián Casanello. Hace un año, Ercolini había dictado la misma medida, pero luego fue revocada por la Cámara Federal

>El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy la inhibición de bienes de Alberto Fernández y de otras 50 personas y empresas investigadas por el escándalo de los seguros. La misma medida ya había sido ordenada por Julián Ercolini, Además de Fernández, el juez ordenó la inhibición general del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, San German, entre otras. Con esa medida, no podrán vender ni disponer de sus bienes. Tampoco tendrán accesos a sus cajas de seguridad.

En total, son 51 personas y empresas.

En tanto, San Ignacio y TG Broker son las dos firmas que aparecen en una nota enviada por ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, a Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados. Ambas cobraron $231.918.674. Esa cifra no contempla las comisiones millonarias que habrían cobrado los intermediarios por las cuatro coaseguradoras: Sancor, San Cristóbal, San Germano y Life Orígenes.

En la resolución, el juez Casanello justificó la medida cautelar y dijo que “la investigación ha registrado notorios avances”. “Toda vez que los imputados ya fueron convocados a prestar declaración indagatoria por un hecho de criminalidad económica -particularmente corrupción-, y en base a las consideraciones allí realizadas sobre la prueba de cargo, hay motivo bastante para sospechar que han participado en la comisión de un delito, en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. Esa sospecha obliga al tribunal a asegurar la eficacia del juicio”, dice el fallo al que tuvo acceso Infobae.

La causa cambió de juez a comienzos de febrero, cuando se venció la subrogancia de Ercolini, en el juzgado federal 11. Ocurrió en un momento clave de la investigación porque ya se habían terminado las indagatorias y el juez estaba en condiciones de decidir si procesaba o sobreseía a todos los imputados.

El nuevo magistrado, Casanello, decidió revisar toda la documentación antes de tomar una decisión y descubrió que faltaban algunos datos de Cancillería, Fabricaciones Militares y la ex AFIP. El nuevo juez también le mandó un nuevo oficio a Nación Seguros para que informe el monto (total y también dividido por tomador y póliza) de los fondos liquidados a todos los coaseguradores a raíz de todas las pólizas emitidas entre el 10 de diciembre de 2019 y el 9 de diciembre de 2023.

Mientras estuvo a cargo de la causa, Ercolini ordenó decenas de allanamientos y mandó oficios a casi un centenar de organismos para obtener los convenios y las pólizas de seguros contratados entre el 10 de diciembre de 2019 y el último día del gobierno de Alberto Fernández. También recolectó toda la información que estaba en poder de Nación Seguros. De esa manera, se secuestraron las notas que mandaban desde los organismos para designar a los intermediarios.

El caso más emblemático fue el de Federico D’Angelo, exdirector del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSES. La nota, firmada de puño y letra y enviada por fuera del sistema oficial de comunicación (GDE), designaba a las empresas San Ignacio y TG Brokers como organizador y productores de los seguros.

Durante la investigación, se comprobó que la cooperativa 7 de Mayo recibió $376.928.239 de ocho aseguradoras. De ese total, casi $239 millones provenían de San Ignacio, la empresa puesta a dedo en la póliza de la ANSES.

El dinero de la cooperativa terminó en La Justicia detectó transferencias a una serie de fideicomisos inmobiliarios: Flumine, Villarroel 1232, Libertador 5958, Naase, Inmobiliario 866, y Links Country de Mar.

No es todo. “Otros fondos externalizados de la cooperativa incluyen el pago de e-checks por $ 14.990.300 al Club Atlético River Plate (pago durante cinco años por cuatro plateas en el estadio y un estacionamiento)”, consta en expediente.

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