La resolución fue publicada tras el análisis de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que recomendó la medida con base en la ley 26.509 y sus modificatorias. La comisión también estableció el fin del ciclo productivo para el 31 de enero de 2026 para las explotaciones afectadas, marcando así un periodo crucial de adaptación para los productores.

Según el texto de la normativa, los productores que deseen acceder a los beneficios deberán presentar un certificado emitido por la autoridad competente de la provincia que acredite que sus explotaciones se encuentran dentro del área afectada.