17 de abril de 2025
La vida del “abogado universal”, el argentino que llevó a juicio a genocidas de cuatro países y el policía que le disparó en la calle
Carlos Slepoy falleció en abril de 2017. Había logrado en España abrir la “jurisdicción universal” para delitos de lesa humanidad cometidos por dictadores. El balazo de un policía que lo hirió y su lucha implacable
Cuando murió en Madrid, a los 68 años, el 17 de abril de 2017, seguÃa trabajando con la misma pasión de siempre y acababan de entregarle el prestigioso Premio Público Derechos Humanos. “Carlos Slepoy ha destacado por su defensa de la justicia en cualquier ámbito y jurisdicción. Gracias a su incansable labor ha sido posible emprender procesos de verdad, justicia y reparación tanto en la Argentina como en Chile. Desde hace años trabaja también para acabar con la impunidad del franquismo y satisfacer el deseo de justicia de unas vÃctimas olvidadas por la democracia españolaâ€, habÃa subrayado el jurado al otorgarle el galardón.
Consultado para esta nota, el periodista y escritor Eduardo Anguita, que lo conoció de muy cerca y es autor de Sano juicio, un libro que sigue paso a paso las andanzas judiciales y personales de Slepoy, hace de Carli una ajustada semblanza. “Era un tipo de barrio que estudió Derecho y se hizo abogado laboralista pero después se volcó con pasión a la lucha por los derechos humanos y se preparó a fondo para hacerlo. HacÃa quijotadas judiciales, pero con unos fundamentos que los propios jueces y fiscales veÃan de una solidez extraordinaria. Creo que Carli es un ejemplo de como la pasión te puede llevar, cuando tenés una cuota de sabidurÃa, a explotar los conocimientos jurÃdicos hasta el más alto nivel. Si tuviera que definirlo, dirÃa que era un tipo amabilÃsimo, querido y muy querible, al que se le ocurrió ser abogado y ponerse en la vereda de enfrente de los poderosos sin perder nunca la sonrisaâ€, sintetiza.
Carlos Alberto Slepoy Prada nació en Lanús, en el sur del Conurbano bonaerense, el 2 de octubre de 1949. Era el hijo del medio –entre dos hermanas– de un padre de origen y religión judÃa y de una madre católica de ascendencia española. Tuvo la tÃpica infancia de los pibes de barrio y, siguiendo los pasos de su padre, se hizo hincha de Lanús, el club más cercano. Jugaba bien al fútbol y también era bueno con la guitarra, con la que se acompañaba para cantar. Cuando terminó la secundaria se anotó en la Facultad de Derecho de la UBA. CorrÃan los últimos años de la década de los ’60 y, aunque provenÃa de una familia sin ninguna tradición polÃtica, se sumó a la militancia en una agrupación de la izquierda independiente. “SeguÃan a (Juan Carlos) Portantiero y a todos los gramscianos, pero también tenÃan cierto acercamiento al peronismo de izquierdaâ€, explica Anguita.Cuando se recibió, comenzó a trabajar en un estudio de laboralistas sin dejar la militancia. Formaba parte de un grupo de abogados jóvenes que habÃan creado una red de defensores de activistas sindicales y polÃticos junto a otros once colegas jurÃdicos en distintos puntos de la provincia para asesorar a delegados gremiales. Cinco de ellos fueron después secuestrados y siguen desaparecidos: Oscar Di DÃo, Adolfo Chorni, Alberto Antebi, Nora Hochman y Alberto Podgaetsky.La vida de Slepoy cambió abruptamente el 19 de marzo de 1976, pocos dÃas antes del golpe que inauguró la última dictadura argentina. “Ese dÃa tenÃa una cita con Wanda Fragale, que en ese momento era mi esposa y venÃa de visitarme en la cárcel de Devoto, donde yo estaba preso. Se encontraron en El Imperio, un bar de Chacarita, y al rato entró un grupo de civil y los secuestró a los dos. Los llevaron a la ESMA, donde a Carli lo torturaron y le hicieron simulacros de fusilamiento. Eran los últimos dÃas del gobierno de Isabel Perón y como Wanda tenÃa nacionalidad italiana, intervino el presidente de Italia, Sandro Pertini, que llamó a Isabelita. Asà se salvaron. A Wanda la liberaron y Carli quedó a disposición del Poder Ejecutivo (es decir, preso sin proceso legal). Lo encerraron en Devoto hasta que pudo irse exiliado a España haciendo uso de la opción de salir del paÃsâ€, cuenta Anguita.CorrÃan los primeros meses de 1996, cuando Slepoy se cruzó casualmente con el fiscal español Carlos Castresana, que por entonces era secretario general de la Asociación de Fiscales Progresistas de España. Se conocÃan de cruzarse en los tribunales y después de los saludos de rigor, Castresana le preguntó:
-Slepoy, ¿Ustedes han pensado que dentro de poco se cumplen veinte años del golpe del 24 de marzo de 1976, y que muchos pueden decir que veinte años después de cometidos los crÃmenes empiezan a prescribir?-Es cierto, pero, ¿Por qué no estudiamos la legislación de extraterritorialidad que surge de los distintos acuerdos internacionales de derechos humanos? - le retrucó el fiscal.
Se pusieron a estudiar el tema y, como ninguno de los dos era penalista, convocaron a Pepe Galán, que sà lo era y habÃan seguido muy de cerca el caso de los GAL, los grupos parapoliciales que se sospechaba que habÃan operado al amparo del gobierno de Felipe González. “Era un trÃo raro, porque por un lado habÃa un fiscal que no era fiscal penal, el segundo era un abogado laboralista que decÃa que no creÃa que desde España se podÃa hacer mucho y el tercero un penalista que era el enemigo público número uno de Felipe Gonzálezâ€, resume Anguita.SuperarÃa por mucho el espacio disponible para este artÃculo relatar pormenorizadamente las alternativas de la causa impulsada por Slepoy y sus colegas en el juzgado de Baltazar Garzón. Basta con ceñirse a dos de sus consecuencias más resonantes.
En 1997, el ex oficial de la Armada e integrante de los grupos de tareas de la ESMA Adolfo Scilingo viajó a España para participar de un programa de la Televisión Española sobre los vuelos de la muerte utilizados como método de desaparición de personas por la dictadura argentina. El año anterior habÃa confesado públicamente haber participado de dos de ellos sin sufrir ninguna consecuencia legal. Garzón lo detuvo y lo interrogó. En el juicio que tuvo a Slepoy como abogado de la querella, Scilingo fue condenado en 2007 a 1084 años de prisión. En 2020, después de pasar más de 22 años detrás de las rejas fue dejado en libertad condicional y derivado a un Centro de Inserción Social (CIS) de la Comunidad de Madrid. Un año después, también en el marco de la causa, Garzón ordenó la extradición desde México de otro represor de la ESMA, Ricardo Cavallo.Mientras avanzaba con las causas por delitos de lesa humanidad, Carlos Slepoy seguÃa trabajando como abogado laboralista para ganarse la vida. Casi no descansaba: trabajaba y estudiaba mucho, robándole horas a la noche para poder seguir avanzando. En eso estaba cuando la mañana del 17 de enero de 1982, cruzando una plaza de Madrid se topó con un policÃa evidentemente borracho que estaba maltratando a dos chicos e intervino sin dudarlo.
“Carli le dijo al policÃa que si no dejaba de maltratar a los chicos lo iba a denunciar. Tuvieron un cruce de palabras que no pasó a mayores pero tampoco dio ningún resultado y al final Carli le dijo: ‘Bueno, voy a la comisarÃa a presentar la denuncia’. Se dio vuelta y no habÃa dado más que cuatro o cinco pasos cuando sintió que se le rompÃa la columna. El policÃa le habÃa disparado por la espalda y la bala le tocó la médula. Quedó desvanecido ahà y lo llevaron a un hospital. Pasó más de cuatro años haciendo tratamientos de rehabilitación que le permitieron caminar con bastones, aunque los dolores no se le fueron nuncaâ€, le explica el autor de Sano juicio a Infobae. El policÃa fue condenado a siete años de cárcel, la salud de Carlos Slepoy quedó resentida para siempre.La última pelea judicial de Carlos Slepoy fue la de impulsar el primer juicio de aplicación de la justicia universal para las vÃctimas de la dictadura franquista: a pesar de su precario estado de salud –que empeoraba visiblemente- cruzó el Atlántico y presentó una querella en Buenos Aires a la jueza argentina MarÃa Servini , quien el 14 de abril de 2010 abrió una investigación por la desaparición forzada de 113.000 personas. “La implementada por el franquismo fue una limpieza sistemática de opositoresâ€, sostenÃa el abogado argentino desde la querella.
Pese a la lentitud del proceso, hasta su muerte Slepoy tenÃa esperanzas de lograr que se hiciera justicia, aunque en 2015 el gobierno español del Partido Popular, encabezado por Mariano Rajoy, se opuso a las extradiciones solicitadas por la jueza argentina de ocho ex ministros franquistas y doce imputados más por crÃmenes de lesa humanidad. Entre ellos estaban el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Franco Celso Galván Abascal, el ex miembro de la Brigada PolÃtico Social, José Ignacio Giralte González, y el ex inspector José Antonio González Pacheco, conocido como “Billy El Niñoâ€. Más tarde la lista se amplió e incluyó también a Utrera Molina, suegro del ex ministro Alberto Ruiz Gallardón.