La defensa de los mapuches es ejercida por Luis Virgilio Sanchez, integrante de la Gremial de Abogados de la República Argentina, quien acudió a todas las estrategias posibles para garantizar la permanencia de sus defendidos en el sitio que consideran “ancestral”.

En ese entonces el argumento mapuche se focalizó en la ley de relevamiento territorial establecido en la Ley 26.160, que dispone, entre otros puntos, la suspensión provisoria de todos los territorios usurpados por comunidades hasta que finalice dicho proceso. La denunciante aseguró que dicha norma alcanza únicamente a las usurpaciones efectuadas hasta el año 2005, por lo que la misma quedaría fuera de su rango de aplicación.