Uno de los puntos clave en esta reforma es la revisión del uso de las “vías de excepción”, un mecanismo que debe utilizarse solo en circunstancias excepcionales para la entrega de medicamentos, insumos y tratamientos. Sin embargo, según el informe, este mecanismo fue utilizado de forma inapropiada para eludir licitaciones y otros procedimientos formales, lo que permitió la apertura de manejos poco transparentes y posibles desvíos de fondos públicos.

PAMI, finalmente, enfatizó que no permitirá que el instituto continúe siendo utilizado para intereses políticos y que pondrá “fin a años de descontrol y connivencia entre funcionarios y proveedores”. “El tiempo de impunidad se terminó”, concluyeron.