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29 de mayo de 2025

El procurador Julio Conte Grand requirió las pruebas para el pedido de juicio político a la jueza Makintach

El jefe de los fiscales bonaerenses pidió los videos del juicio por la muerte de Diego Maradona, así como las evidencias recolectadas en la causa contra la magistrada que inició la Justicia de San Isidro

>Tras imponerle una licencia de 90 días a la jueza Julieta Makintach a causa del escándalo por el documental que convirtió en nulo el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires decidió “conferir vista” al procurador general, Julio Conte Grand, para determinar si corresponde, o no, denunciar a la magistrada para que se le inicie el juicio político en su contra, lo que llevaría a su posible destitución.

Así, el procurador general requirió los contenidos la causa en la que se investiga el rol de la jueza en el documental “Justicia Divina”, con un expediente encabezado por los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo; bajo la calificación de averiguación de ilícito.

Este expediente es, para Makintach, el frente más turbulento. Con una imputación que queda por definirse, la magistrada podría enfrentar calificaciones singularmente graves como los delitos de cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público, o tráfico de influencias, castigado con hasta seis años de prisión.

“Se analizarán los antecedentes para ver si hay fundamentos para hacer una denuncia ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados. Si los hay, se denunciará”, asegura una alta fuente vinculada al tema. El jefe de los fiscales bonaerenses no tiene plazo alguno para tomar su decisión; la ley no lo prevé.

La decisión de la Suprema Corte, firmada por los jueces Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria, se fundamenta en el artículo 182 de la Constitución bonaerense, que establece que “los jueces de las Cámaras de Apelación y de primera instancia y los miembros del Ministerio Público pueden ser denunciados o acusados por cualquiera del pueblo, por delitos o faltas cometidas en el desempeño de sus funciones”.

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