23 de julio de 2025
El Gobierno autorizó la privatización total de AySA: el 51% de la empresa deberá quedar a cargo de un mismo operador
De acuerdo con el procedimiento aprobado, un 51% de las acciones deberán ser vendidas a un mismo comprador. El resto será ofertado en bolsas y mercados nacionales
Según explicaron las autoridades, el proceso de venta se estructurará en dos etapas. En la primera, la cartera económica deberá vender al menos el 51% del paquete accionario de AySA a un operador estratégico, mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional.
Por su parte, el Ministerio de EconomÃa, como autoridad de aplicación, deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que la privatización no interrumpa el servicio público de provisión de agua potable y recolección de desagües cloacales.
La decisión de avanzar con este proceso se basó en los balances analizados por la actual gestión, que apuntó que “desde su creación, Agua y Saneamientos Argentinos S.A. ha sido deficitaria y ha dependido de una constante y relevante asistencia del Tesoro nacionalâ€.De la misma manera, apuntaron que la asistencia estatal no fue suficiente para “impedir un deterioro en la eficiencia y productividad†de la empresa, la cual reflejó una “disminución de la productividad laboral y el aumento de los costos operativosâ€.
No obstante, remarcaron que para mejorar la prestación del servicio se necesitarÃa realizar una potente inversión en infraestructura, pero que los costos de la misma no podrÃa ser afrontados por la empresa en sà sola, ni por el Estado. Además, de ir en contra de la polÃtica de reducción y saneamiento fiscal.En consecuencia, la SecretarÃa de Obras Públicas habÃa dictado el “Plan de Acción de Transición de AySA S. A. para el perÃodo 2024-2026″, el cual fue creado con la intención de “adecuar los compromisos de prestación del servicio a las capacidades reales de ejecución e inversión de la empresa, en función de los recursos disponiblesâ€.
De la misma manera, señalaron que la planificación fue pensada para garantizar la continuidad, eficiencia y sustentabilidad en el corto plazo. Asimismo, para sentar una base que facilite nuevos cambios a aplicar tanto a nivel normativo, institucional y de gestión.