La clave del fallo es que, si bien no revoca la ley aprobada, deja asentado que la legislación anterior —la Ley 91 de 1992, que reconocía el derecho de sangre sin límite generacional— no era inconstitucional. Esta apreciación, aunque indirecta, tiene efectos inmediatos en otros casos similares.

La discusión sobre la validez del decreto que dio origen a la Ley 74 no terminó allí. A finales de junio, un juez de Torino aceptó avanzar con un recurso que considera inconstitucional el nuevo régimen, dando inicio al proceso para que la Corte se pronuncie formalmente sobre el conjunto de la norma. Entre los cuestionamientos que se plantearon se encuentran la aplicación retroactiva, la discriminación por lugar de nacimiento y un procedimiento legislativo acelerado, calificado por los especialistas como inapropiado para una cuestión de esta relevancia civil.