6 de agosto de 2025
El Gobierno de Entre Ríos busca desafectar a un ex concejal y enfermero que fue condenado por abuso sexual
La condena estaba bajo revisión, pero quedó firme tras rechazarse los recursos presentados por la defensa del acusado
>Luego de que el enfermero y ex concejal de Rosario del Tala, Diego Iván Zapata, fuera condenado a 13 años de prisión por Al momento de ser condenado, el empleado del Ministerio de Salud provincial se desempeñaba como enfermero en el Hospital San Roque de Rosario del Tala. Después de que el acusado solicitara su reubicación laboral en el Hospital Luis A. Ellerman, ubicado en la misma ciudad, se confirmó la apertura del proceso administrativo.El sumario administrativo, fechado el 8 de julio y publicado en el Boletín Oficial de Entre Ríos el 4 de agosto, se basa en el Artículo 71° Inciso f) de la Ley 9755, que prevé la cesantía para agentes estatales condenados por delitos dolosos, aunque no estén vinculados a la administración pública, cuando estos hechos afectan el prestigio de la función.
En su pedido de traslado, Zapata había informado que estaba bajo prisión preventiva, pero contaba con autorización para salidas laborales. No obstante, la situación se complicó cuando se confirmó mediante notificaciones judiciales que la condena dictada en su contra había quedado firme.
Según las resoluciones judiciales, el enfermero fue hallado culpable de captar a dos adolescentes de 15 y 17 años en un boliche de la ciudad. A través de la investigación, se constató que el hombre les daba bebidas alcohólicas mezcladas con medicamentos para provocarles somnolencia y luego cometía los abusos.La condena fue dictada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay el 22 de agosto de 2023 y, finalmente, fue confirmada por la Sala II de la Cámara de Casación Penal el 12 de marzo de 2024.De acuerdo con la información publicada por Uno Entre Ríos, la defensa presentó un recurso de queja, pero este fue rechazado por la Sala N° 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Finalmente, el 21 de noviembre de 2024, la Justicia le denegó el recurso extraordinario federal, por lo que la condena quedó firme.A comienzos de junio, una trabajadora del área de Rentas de la Municipalidad de Nogoyá formalizó una denuncia por acoso y abuso sexual presuntamente cometidos dentro del ámbito laboral. La empleada señaló como responsables a dos funcionarios que ocuparían cargos jerárquicos en el mismo sector. El caso se encuentra en trámite dentro del Estado municipal, pero se prevé que será presentado ante la Unidad Fiscal de Nogoyá para que se lleve a cabo una investigación penal.
Según el escrito presentado al jefe de Recursos Humanos municipal, Gerardo Beltramino, la denunciante ratificó acusaciones previas. En el texto, describió diversas situaciones de hostigamiento, entre ellas, comentarios de contenido sexual, acercamientos físicos no consentidos, insinuaciones verbales y gestuales, además de amenazas relacionadas con su permanencia laboral y advertencias sobre la posibilidad de despido.En otro comunicado, la empleada pidió explicaciones por el cambio de puesto, atribuido —según sostiene— a represalias por manifestarse públicamente sobre situaciones laborales que consideró injustas, y que habrían sido reconocidas en reuniones previas por las autoridades municipales.
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Miercoles
6 de Agosto de 2025
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