La llegada del Ford y de tres destructores de la Armada estadounidense que pueden disparar misiles suma unos 5.500 militares a una fuerza de 10.000 soldados que ya está en la región; aproximadamente la mitad de esa fuerza está en tierra en Puerto Rico y la otra mitad a bordo de ocho buques de guerra. Con más de 15.000 efectivos militares, la acumulación estadounidense es la mayor en la región en décadas.

Sean Parnell, portavoz jefe del Pentágono, dijo en un comunicado el martes que las “fuerzas reforzarán la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar e interrumpir a los actores y actividades ilícitos que vulneran la seguridad y prosperidad del territorio nacional de Estados Unidos y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”.

Un grupo variado de especialistas en las leyes que rigen el uso de la fuerza han denunciado las muertes como acciones ilegales debido a que el ejército estadounidense no está autorizado a atacar intencionadamente a civiles que no sean una amenaza de violencia inminente, ni siquiera a los sospechosos de ser delincuentes. El gobierno afirma que los ataques son legales porque el presidente Trump ha “determinado” que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado formal con los cárteles de la droga.

Estados Unidos obtiene información de una variedad de fuentes, por lo que la pérdida de información del Reino Unido no afectará gravemente las operaciones estadounidenses en la región, señalaron varios funcionarios estadounidenses.

El Reino Unido, que ha controlado por décadas varios territorios en el Caribe, ha proporcionado información de inteligencia a Estados Unidos para ayudar a identificar embarcaciones sospechosas de transportar drogas. Las tripulaciones de los guardacostas podían entonces actuar basándose en esa información para detener los barcos sospechosos, abordarlos, incautar cualquier droga ilícita y detener a las tripulaciones.