Sin embargo, una apelación presentada por los abogados defensores Marcelo Bogado y Carlos Arévalo forzó la postergación. Fuentes con acceso al expediente confiaron a Infobae que la nueva fecha prevista es el lunes 20 de abril de 2026.

Kueider y Guinsel fueron acusados por el fiscal Ysrael Villalba Ramírez por haber sido “hallados en flagrancia, movilizando dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal al país”.

Ambos cumplen prisión domiciliaria desde diciembre del año pasado. Por el delito de contrabando en grado de tentativa, la pena máxima en expectativa es de dos años y medio. En Paraguay, toda condena mayor a 24 meses es de cumplimiento efectivo.

La magistrada del Juzgado Federal de San Isidro solicitó la extradición de Kueider y Guinsel bajo la acusación de lavado de dinero. En la investigación que lleva adelante, el exsenador nacional estaría involucrado en maniobras ilícitas vinculadas al caso Securitas. El expediente se inició por una presentación de la multinacional de seguridad. La firma acusó a varios de sus integrantes de haber pagado coimas para quedarse con contratos de empresas y organismos públicos nacionales y provinciales. Una de ellas es Enersa, la distribuidora estatal entrerriana.

En paralelo, la puja entre Arroyo Salgado y el Juzgado de Garantías 2 de Concordia por quién investiga a Kueider llegó a la Corte Suprema. En ambos estrados lo que está en foco es el presunto enriquecimiento ilícito del exsenador y delitos conexos.

La magistrada elevó a la Corte la contienda positiva de competencia que mantiene con el juez de Garantías N° 2 de Concordia, Ives Bastián. Ahora, el máximo tribunal deberá darle entrada. Luego, pedirá opinión al Procurador General Eduardo Casal. Y recién entonces fallará.

“No nos interesa quién resuelva ni quién lleve adelante la investigación”, dijo a este medio el abogado Juan Martín Cerolini, defensor de Kueider, ante la consulta acerca de la intervención de la Corte.

Con recaudos, evalúan que es conveniente que se centre en manos de Arroyo Salgado. Las salvedades que hacen apuntan al fiscal federal que interviene. Se trata de Fernando Domínguez.

La percepción que tienen de Domínguez muchos de sus colegas es distinta. Lo consideran un funcionario íntegro, honesto y muy serio. “Es una máquina de laburar”, lo catalogó otro fiscal federal que compartió tareas con él.