28 de noviembre de 2025
Industria del juicio: este año terminará con un récord 130.000 demandas por riesgos de trabajo
Los procesos judiciales totales ascenderán a 260.000, según estimaciones privadas. De esa cifra, la mitad corresponde a accidentes o enfermedad laboral y el resto a despidos y trabajo no registrado, entre otros motivos
>En medio del debate por la reforma laboral, la industria prevé que 2025 finalizará con cerca de 130.000 nuevas demandas por accidentes de trabajo. En caso de contemplar también los litigios por despidos y empleo no registrado que se abrieron a lo largo del año, la cifra total de la El sistema de riesgos del trabajo en Argentina sigue enfrentando una presión sin precedentes por la cantidad de juicios laborales iniciados en los últimos meses, una situación que amenaza la sostenibilidad del sector privado y complica la generación de empleo formal. De acuerdo con la información difundida por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el volumen de demandas por accidentes laborales alcanzó un récord histórico y terminará el año con unas 130.000 demandas. Este fenómeno, que se mantiene desde hace años pese a los intentos de reforma, se traduce en un incremento de los costos empresariales y en una creciente incertidumbre para quienes buscan invertir en actividades intensivas en mano de obra.La presidenta de la UART, Mara Bettiol, advirtió que ningún sistema puede sostener este nivel de judicialización y, en medio del debate por la reforma laboral destacó que “ninguna reforma, cualquiera sea su alcance, podrá cumplir sus objetivos si el Sistema de Riesgos del Trabajo continúa sometido a esta dinámica judicial”.
El contraste internacional es significativo: Argentina presenta un nivel de judicialidad 21 veces superior al de Chile y 15 veces mayor que el de España. Si se aplicara la tasa de España, el país debería tener 8.200 juicios por año, con la de Chile, solo 5.600, según datos de UART.
El tema se tocó este viernes en Infobae en Vivo, donde la periodista Lucrecia Eterovich remarcó que “Argentina tiene una tasa de juicios laborales desproporcionadamente alta a pesar de registrar una tendencia decreciente en accidentes laborales, lo que evidencia que hay un funcionamiento judicial que incentiva la demanda”.
“El oficialismo intentará mantener hermetismo en lo que resta de semanas para evitar filtraciones y no anticipar el contenido de la reforma”, detalló Eterovich y agregó que el eje central estará en definir si el proyecto contempla regulaciones sobre la llamada ‘industria del juicio’ en la Argentina.
Datos de mediados de este año muestran que la distribución de estos litigios no es homogénea en el territorio nacional. La Provincia de Buenos Aires concentra el 40% del total de causas, superando los valores registrados en 2024. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también muestra un aumento respecto al año anterior, mientras que Santa Fe experimentó un crecimiento interanual del veintiocho por ciento en junio, muy por encima del promedio general. En contraste, provincias como Salta y Río Negro, que implementaron Cuerpos Médicos Forenses dependientes del Poder Judicial, exhiben índices de litigiosidad considerablemente más bajos, lo que sugiere que la aplicación plena de la normativa vigente podría contribuir a reducir el volumen de causas judiciales y aportar mayor previsibilidad al sistema, según sostienen en el sector.La legislación actual, en particular la Ley 27.348 de 2017, establece la creación de estos cuerpos médicos forenses para garantizar criterios periciales objetivos y uniformes. Sin embargo, salvo excepciones como Mendoza —donde se conformó un cuerpo médico con cinco peritos bajo la órbita judicial, aunque continúan operando otros peritos controlados por este cuerpo— y la reciente convocatoria en Santa Fe para integrar un nuevo equipo de peritos, la mayoría de las provincias no ha avanzado en este sentido. En estos distritos, los peritos actúan por listados y perciben honorarios calculados en función del porcentaje de incapacidad asignado, lo que, según la UART, genera un “circuito perverso de incentivos”.El costo promedio del seguro de riesgos del trabajo se ubica en 2,77% de la nómina salarial, y aunque este porcentaje aumentó en el último año, no lo hizo al ritmo de la litigiosidad.
Un dato que ilustra la magnitud del problema es que el 88% de los juicios ingresados corresponde a casos sin incapacidad reconocida, lo que evidencia una litigiosidad que no se corresponde con un daño efectivo en la salud del trabajador. Además, el sesenta por ciento de las demandas se presenta fuera del plazo legal establecido, lo que contribuye a la acumulación de causas y a la saturación de los tribunales.
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