El análisis de los registros precisó que nueve provincias concentran aproximadamente el 80% del total de juicios del sistema. Al comparar 2025 con el año anterior, en las provincias más relevantes la mayoría registró incrementos en la cantidad de causas iniciadas, siendo particularmente marcado el aumento en Santa Fe, San Luis y Chubut. La tendencia afecta la previsibilidad y la gestión de los riesgos laborales en todo el territorio nacional.

Asimismo, sumaron que muchas veces son profesionales que “no cuentan con especialización en la valuación del daño laboral ni capacitación específica en la temática y no existen mecanismos sistemáticos de monitoreo de su desempeño; pero la distorsión más grave la genera el hecho de que el procedimiento vigente los obliga a efectuar una nueva evaluación del trabajador en lugar de revisar el dictamen previo de la Comisión Médica”.

El efecto económico de estos comportamientos impacta en la estructura de costos de la cobertura de riesgos laborales. La cuota que empresas pagan a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), representada como porcentaje de la masa salarial, combina dos elementos principales: el riesgo real inherente a la actividad y el costo judicial esperado por la litigiosidad. Cuando este último se desacopla de la siniestralidad registrada, la estructura de costos se ve alterada y el riesgo judicial predomina sobre el riesgo objetivo de accidentes reales.

“El aumento de las alícuotas justifica la preocupación y reclamo de los empleadores. Pero en la medida en que estos incrementos alcanzan para cubrir sólo parcialmente el impacto financiero de la judicialización la sostenibilidad del sistema se está erosionando. Las recientes disposiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación estableciendo, ante una situación de déficit financiero, una inhibición general de bienes sobre una ART alerta sobre posibles riesgos sistémicos”, concluye el reporte.

En agosto de este año, el promedio de las alícuotas pagadas por los empleadores alcanzó el 2,9% de la masa salarial. A pesar del aumento, la suba sólo compensa parcialmente el impacto financiero derivado de la judicialización. Esto deja a la sostenibilidad del sistema expuesta ante episodios de alta conflictividad o variaciones bruscas en las condiciones macroeconómicas del país.