La resolución surgió de un acuerdo de juicio abreviado, presentado por el fiscal federal Gustavo Onel de la Unidad Fiscal Santa Fe y homologado por el juez federal Luciano Lauria. El tribunal consideró probadas la existencia de asociación ilícita, malversación de caudales públicos, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público. Las condiciones agravantes incluyeron el aprovechamiento del cargo de funcionario y el uso de recursos estatales, como patrulleros y elementos secuestrados en causas anteriores, para facilitar actividades de narcotráfico y encubrir pruebas relevantes.

Otros cuatro individuos también fueron condenados. Andrés Belizan, Andrea y Rocío Cordoba, quienes deberán cumplir tres años de prisión. En tanto, Sol Morel recibió una pena acumulada de cuatro años y seis meses por un antecedente de 2021. Por su parte, el proveedor de sustancias, Daniel Segovia, unificó condenas por un total de siete años, sumando la sanción previa obtenida por tenencia de estupefacientes con intención de comercialización.

Las comunicaciones telefónicas también permitieron reconstruir otra parte del entramado. “Amigo, estamos con esto, tené cuidado… Avísale a la mina que no salga hacer delivery nada que los gendarmes andan de civil… Ya te voy a pasar la patente”, figuró en uno de los diálogos destacados en la sentencia.

El juez Lauria subrayó que el análisis de los teléfonos incautados arrojó diálogos con un “impactante valor probatorio” y un “nivel de impunidad” notorio. Entre las transcripciones, apareció también la siguiente advertencia interna: “Amigo, avisale a nuestra gente de lo que te enteraste… Para que guarden todo… teléfonos, plata y que no tengan nada de nada… pero que no levanten mucho la perdiz porque si no se cae lo nuestro”, decía otro de los diálogos.