El exsenador también llevó a la Corte del vecino país un reclamo formal sobre el mecanismo por el cual se tramita su extradición a la Argentina. El pedido lo formuló la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. La magistrada lo investiga por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros delitos.

La causa federal surgió como derivación de otro expediente denominado “Securitas”. Allí se investiga el presunto pago de coimas realizado por la empresa de seguridad privada a organismos públicos. El objetivo era quedarse con contratos de vigilancia. Uno de los entes bajo la lupa es la estatal energética entrerriana Enersa. Arroyo Salgado vinculó a Kueider por unos mensajes encontrados en un celular de un detenido en “Securitas”.

A esto sumó una denuncia presentada con base en un informe elaborado por la publicación El Disenso. Allí se describía un patrimonio que, prima facie, no se correspondería con los ingresos de Kueider. Incluía, por caso, departamentos de lujo en una torre exclusiva en Paraná. Figuraban en el patrimonio de una empresa, Betail SA, que estaba a nombre del exsenador y de personas que la Justicia considera sus testaferros.

En simultáneo, el ex legislador también comenzó a ser investigado en Concordia, Entre Ríos, por enriquecimiento ilícito. El caso se tramita en el Juzgado de Garantías de Edwin Bastián con José Arias como fiscal.