El cálculo, sin embargo, lleva tres años a la baja y totaliza una caída de 2,8 puntos porcentuales del PBI, alrededor del 12%, desde 2022. Esta baja proporcional es similar a la que se dio entre 2015 y 2018, cuando la presión bajó 3,2 puntos porcentuales, sobre una base de 26,1% del PBI.

Aunque la recaudación tributaria nacional total descendió, las repercusiones de la baja fueron dispares. Por un lado, los recursos que quedaron en manos del Gobierno nacional cayeron un 2% respecto de 2024, mientras que los fondos que se distribuyeron a provincias y CABA mostraron una leve suba interanual del 0,4 por ciento.

Sin embargo, medido en relación al tamaño de la economía, tanto Nación como las provincias perdieron peso relativo. Según el Iaraf, los recursos que recibió el Gobierno nacional representaron en 2025 una merma de 0,9 puntos porcentuales del PBI frente a 2024, mientras que los fondos destinados a provincias y CABA retrocedieron 0,2 puntos porcentuales.

Entonces, mientras que durante el año anterior el peso de la recaudación nacional había aumentado, impulsado principalmente por el impuesto PAIS y las retenciones, las provincias y la Ciudad habían sufrido una caída vinculada a los cambios en el impuesto a las Ganancias y modificaciones en la administración del IVA.

El informe subrayó que esta nueva configuración implica una restricción presupuestaria más exigente para provincias y municipios, que tienen menores ingresos reales en un contexto de mayor demanda social y presión sobre los servicios públicos.

Para el Gobierno nacional, la baja de la presión tributaria se vincula estrechamente a la reducción del gasto público. El ajuste que inició Javier Milei durante sus primeros días al mando de la Casa Rosada le permitieron eliminar el déficit fiscal generado en 2023, mientras que la continuidad del ajuste en 2025 abrió espacio para una menor carga impositiva en términos relativos.

En ese sentido, el desafío de sostener una baja de la presión tributaria no recaerá únicamente sobre Nación. Según el Iaraf, cualquier estrategia de alivio impositivo deberá involucrar a los tres niveles de gobierno y estar acompañada por una dinámica de gasto público real que permita que el peso del Estado continúe reduciéndose en relación con el PBI, sin trasladar desequilibrios hacia las provincias.