Pezeshkian anunció además que en las próximas 48 horas se habilitará un sistema para que “cualquier nueva información y reclamación pueda ser examinada y verificada sin complicaciones administrativas”.

Las cifras oficiales, sin embargo, contrastan drásticamente con los datos recabados por organismos internacionales. La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, declaró a medios estadounidenses que informes de médicos dentro del país indican que las víctimas mortales podrían alcanzar las 20.000 personas.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado el uso de fuerza letal indiscriminada, con fuerzas de seguridad disparando rifles y escopetas cargadas con perdigones metálicos contra manifestantes desarmados. Las morgues desbordadas, el uso de contenedores refrigerados para almacenar cadáveres y los entierros apresurados sin identificación previa apuntan, según estas organizaciones, a un intento deliberado de ocultar la verdadera escala de la masacre.

Las protestas estallaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, inicialmente motivadas por el colapso económico que atraviesa Irán. La tasa de inflación alcanzó el 42,2% en diciembre, con un aumento del 72% en el precio de los alimentos. El rial iraní se depreció drásticamente, con el dólar estadounidense alcanzando los 145.000 tomanes.

La represión alcanzó su punto más crítico los días 8 y 9 de enero, cuando el líder supremo Khamenei ordenó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional reprimir las protestas “por cualquier medio necesario”, según informaron funcionarios iraníes a medios internacionales.