La decisión de vender anticipadamente este y otros vehículos de lujo surgió por orden del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 10, a cargo de Gonzalo Auguste, quien aceptó el pedido fiscal de apurar el proceso debido a los altos costos que implicaba para el Estado mantener los bienes en depósito. Según informaron fuentes judiciales, la medida se aplicó por primera vez en el país dentro de ese fuero, marcando un precedente relevante en la administración de bienes decomisados provenientes de delitos complejos. El magistrado consideró que “los gastos mencionados incluían traslados ($226.725), reparaciones ($982.320), seguros en el caso de los bienes de mayor valor (Chevrolet Camaro SS, tenía un premio anual de $74.536,61 y las Ferrari de $55.075,69 y de $358.842,48) y la custodia de los vehículos en un estacionamiento ubicado en la calle Uruguay ($652.491,22 por mes)”.