Por último, el fiscal consideró que la actitud de la acusada demuestra que tiene “desprecio por las normas jurídicas y sociales, así como baja adhesión a las órdenes de alejamiento”.

Agostina debería vuelto de sus vacaciones en Río de Janeiro hace unas tres semanas, tal como lo había organizado originialmente con el grupo de amigas con el que viajó a la ciudad brasileña.

Sin embargo, cuando la denuncia en su contra escaló y le negaron la vuelta a Argentina, la abogada de 29 años tuvo que conseguir otro alojamiento por tiempo indeterminado, donde ahora espera las novedades de su caso junto a su hermana y unas amigas que viajaron para acompañarla.

“Ahora está en un lugar más seguro. El departamento lo paga ella y todo corre por su cuenta; esa es la situación grave. No sabemos hasta cuándo va a poder soportar el tema económico porque no es una chica pudiente como pintan. Estamos lidiando con eso para que sea lo más rápido posible, pero evidentemente viene para rato”, relató la semana pasada su abogado, Sebastián Robles, en diálogo con este medio.

Imputada por “injuria racial”, Agostina tiene puesta una tobillera electrónica ordenada por la Justicia de Brasil para controlar si se acerca a las fronteras. No obstante, no tiene ninguna prohibición para circular libremente por la ciudad de Río de Janeiro. Tampoco está indocumentada: su DNI, que en primera instancia había sido retenido, ya fue devuelto.

“No tenemos garantía de nada. Hay que ver el tema de la intervención jurídica ante la violación flagrante de los derechos humanos que están haciendo y del principio de inocencia”, denunció el letrado, que espera tener una respuesta a su petición la semana que viene a más tardar.