El caso marca un precedente. Hasta ahora, el mercado de capitales estaba asociado a sectores como la industria, el agro o la energía. Con esta operación, la industria cultural se suma como demandante de financiamiento estructurado, bajo estándares financieros similares a los de cualquier otra actividad económica.

El Fondo de Fomento Cinematográfico, que seguirá vigente hasta 2028, se compone, entre otros recursos, de un impuesto del 10% sobre el valor de cada entrada de cine, otro 10% sobre la venta de videogramas grabados y el 25% de lo recaudado por el ENACOM a través del gravamen a la facturación de canales de televisión y servicios de cable.

Según los datos oficiales utilizados entonces por el Gobierno, de las 241 películas nacionales estrenadas en el último año de la gestión de Alberto Fernández, 135 no superaron los 1.000 espectadores y 15 no alcanzaron los 100. Es por eso que la nueva política introdujo cambios en la distribución de fondos y una reducción en términos reales de los subsidios.