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15 de febrero de 2026

Un jurado popular declaró culpables a dos policías por abuso sexual a dos menores que estaban bajo resguardo estatal en Entre Ríos

Los abusos ocurrieron en julio de 2016. Las víctimas tenían 13 y 15 años. Las penas para los condenados se conocerán el próximo viernes

>Tras seis jornadas de debate a puertas cerradas en los tribunales de Paraná, este sábado un jurado popular declaró culpables a El caso involucró a Ezequiel Alejandro García y Samuel Enrique Morel, miembros de la Policía de Entre Ríos, quienes enfrentaron cargos por abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de personal policial, en calidad de autor y partícipe necesario, respectivamente.

La acusación se centró en hechos ocurridos en la madrugada del 5 de julio de 2016, en un vagón de tren de la Sección Guardia Especial, en el predio de la ex Estación de Trenes de Paraná, sobre calle Pascual Palma.

La denuncia presentada por la Defensora Penal de Niños, Niñas y Adolescentes N°8 dio inicio a la investigación judicial, luego de que una de las chicas acudiera al Hospital San Roque con lesiones compatibles con abuso sexual.

La investigación avanzó con foco en Morel y García. En 2020, el juez Alejandro Grippo declaró la nulidad de la imputación original contra Morel como autor de uno de los abusos, dado que la adolescente de 15 años nunca formalizó denuncia contra él y reiteró ante la Justicia que no había sido víctima de abuso por parte de ese efectivo. Desde entonces, Morel quedó vinculado al expediente como partícipe necesario del hecho atribuido a otro imputado.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Valeria Vilchez y Fernanda Ruffatti, mientras que la querella fue ejercida por Guillermo Mulet y Leonardo Schonfeld. Por el Superior Gobierno de Entre Ríos intervino el abogado Julián Gracia. Las defensas de Morel y García estuvieron a cargo de Damián Pettenati, Iván Vernengo y Claudio Berón.

La última audiencia estuvo a cargo del juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa, quien determinó que la situación procesal de los condenados continuará igual hasta la definición de la pena.

El caso se cerrará así casi una década después.

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