El nuevo régimen permite que quienes hayan optado por el “Régimen de Declaración Jurada Simplificada para el Impuesto a las Ganancias”, reglamentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), puedan aplicar fondos y/o activos en operaciones del mercado de capitales o con Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs). Según el presidente de la CNV, Roberto E. Silva, “el ingreso de fondos y activos al sistema financiero argentino es fundamental para el crecimiento del mercado de capitales”. Lo que también desea el ministro Caputo, quien no quiere recurrir al mercado internacional ante los duros vencimientos que tiene Argentina en 2026 y espera recurrir a esta vía.

En relación a la trazabilidad y el control, la reglamentación establece que las jurisdicciones de origen de las subcuentas comitentes o cuentas no deberán encontrarse en el listado de jurisdicciones no cooperantes a los fines de la transparencia fiscal, según el artículo 24 del Anexo Integrante del Decreto N° 862/2019, ni ser consideradas jurisdicciones de Alto Riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Es que la Ley permite que se depositen tanto en bancos como en sociedades de la Bolsa, fondos comunes de inversión y billeteras crypto los dólares que los argentinos compraron en el mercado paralelo durante los años de cepo cambiario y que tienen fuera del sistema por el temor de ser perseguidos por el fisco nacional. Según la CNV, este cambio de reglas “viene a poner las cosas en su lugar y les devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”.

Para los inversores, la posibilidad de operar con fondos en efectivo, valores negociables o activos virtuales bajo el amparo de la nueva ley implica una ampliación de las alternativas disponibles para canalizar el ahorro. El sistema prevé, además, requisitos de transparencia fiscal y controles de prevención de operaciones ilícitas, como la exclusión de jurisdicciones consideradas riesgosas y la observancia de la normativa de la UIF.

El marco legal dispone que quienes opten por invertir a través del mercado de capitales o PSAVs pueden realizar depósitos en efectivo, transferencias de valores negociables y transferencias de activos virtuales. En todos los casos, la normativa exige que las operaciones se realicen con entidades y cuentas que cumplan con los estándares de transparencia y prevención de delitos financieros.