En los últimos días, la planta de ADS en Río Grande, Tierra del Fuego, fue escenario de fuertes reclamos de laSegún pudo saber este medio, hasta noviembre del año pasado, Juan Pablo Guaita y su hermano Juan Ignacio habrían sido los dueños de la empresa. >El documento judicial ofrece una versión distinta. La actual administración sostuvo que asumió la conducción en noviembre de 2025 “encontrando una estructura económica y financiera profundamente deteriorada”, producto de “un modelo de financiamiento comercial deficitario, agravado por las condiciones del mercado desde fines de 2023”. Según detalló, la operatoria habitual consistía en la preventa de equipos, la obtención de cheques diferidos, su descuento financiero y la posterior compra de materia prima importada.

En ese contexto, el directorio aseguró haber desplegado un plan integral de saneamiento cuyo eje central fue la búsqueda de un socio internacional. Desde noviembre de 2025, la empresa negoció formalmente con Chigo Group, fabricante chino de equipos de aire acondicionado, con el objetivo de incorporar un socio estratégico que permitiera “modificar la estructura financiera del negocio”.

El plan contemplaba sustituir el esquema de autofinanciación local por crédito de proveedor a 150 días, condición que la empresa consideró “indispensable para completar el ciclo productivo, comercializar los equipos y obtener la rentabilidad genuina del negocio”. También se proyectaba el envío desde China de entre 7.000 y 14.000 kits mensuales para reactivar plenamente la planta durante 2026.

En paralelo, la compañía presentó ante el tribunal un Plan de Continuidad Productiva Controlada que proponía utilizar 4.000 kits ya importados, terminarlos en la planta y destinar el producido al pago de un proveedor por aproximadamente USD 500.000, a salarios adeudados y a la constitución de un fondo indemnizatorio. El esquema requería control judicial y fiscalización sindicatural. No obstante, el 19 de febrero el juzgado desestimó la autorización solicitada.

Por esta razón la empresa puso a disposición del proceso sus principales activos. Entre ellos, la planta industrial en Tierra del Fuego, cuya tasación del Banco Nación arrojó un valor superior a USD 15 millones al tipo de cambio oficial vigente al momento de la valuación, y los 4.000 kits arribados al Puerto de Buenos Aires, cuyo valor potencial como equipos terminados rondaría los USD 2 millones. Según la empresa, esos activos “superan ampliamente” el pasivo actual, incluidos los créditos laborales.

Más allá del caso puntual, la crisis de ADS se inscribe en un contexto industrial más complejo. En los últimos meses, la presión de la apertura comercial, la menor competitividad de la industria local y los elevados costos financieros hicieron que En ese marco, la caída de la firma se produce en un momento sensible para el régimen industrial de Tierra del Fuego. El esquema de promoción, que durante años sostuvo la producción electrónica y de línea blanca en la isla mediante beneficios fiscales y protección arancelaria, atraviesa una etapa de redefinición. La menor barrera a las importaciones reduce el diferencial que históricamente favoreció la fabricación local.