Luego de que fuera enviado a la Cámara de Diputados para su correspondiente tratamiento, el proyecto de ley tambaleó ante la posibilidad de que pudiera caerse producto del rechazo de los bloques aliados al régimen de licencias médicas que había propuesto el Gobierno.

En casos de accidente o enfermedad ajenos al trabajo, el trabajador tenía derecho a percibir parte de su sueldo durante el tiempo de incapacidad. Si la causa de la imposibilidad para trabajar era una conducta voluntaria y consciente que implicaba riesgo para la salud, el salario a recibir se reducía al 50%, aplicándose este porcentaje por un plazo de tres meses cuando no había personas a cargo y de seis meses si el trabajador contaba con familiares legalmente dependientes.