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10 de marzo de 2026

Presentaron un proyecto de ley para incorporar la reiterancia delictiva en la provincia de Buenos Aires

La iniciativa, que presentó el bloque de Unión y Libertad, busca modificar el Código Procesal Penal para desactivar la denominada "puerta giratoria" de delincuentes

Con el inicio del año legislativo, el bloque de Unión y Libertad presentó un proyecto para incorporar la reiterancia en la provincia de Buenos Aires mediante una modificación del Código Procesal Penal. El objetivo es que la administración bonaerense adopte normas aprobadas en el Congreso de la Nación y en la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto señala que, cuando una persona tiene múltiples causas penales en trámite, esa situación pueda considerarse por la Justicia bonaerense como un indicador de riesgo de fuga o de obstaculización del proceso, lo que permitiría restringir el acceso a la excarcelación. La iniciativa, impulsada en la Cámara Alta bonaerense por el bloque de senadores de Unión y Libertad, introduce la figura de la reiterancia delictiva en la legislación procesal provincial. El propósito declarado es brindar a los magistrados y fiscales provinciales herramientas para valorar con mayor rigor la situación judicial de los imputados que enfrentan varias investigaciones abiertas, limitando la posibilidad de obtener la libertad durante los procesos penales.

El texto presentado apunta a modificar artículos clave de la Ley 11.922, que regula el Código Procesal Penal en la provincia de Buenos Aires. De aprobarse, la Ley 11.922 pasaría a considerar la reiterancia como uno de los parámetros formales a ponderar por los jueces al decidir sobre la excarcelación de personas sometidas a juicio, junto con elementos como antecedentes y gravedad del hecho imputado. De este modo, la Justicia bonaerense podría restringir la libertad de acusados que, sin condena firme, acumulen varias causas en curso, bajo el argumento de que dicha acumulación representa un signo objetivo de riesgo procesal.

Desde el bloque expresan que la medida busca terminar con la llamada "puerta giratoria", situación en la que personas con reiteradas detenciones o imputaciones recuperan rápidamente la libertad y reinciden en hechos delictivos. "La llamada 'puerta giratoria' termina perjudicando a los bonaerenses que todos los días conviven con la inseguridad", señalaron fuentes legislativas del Senado bonaerense al fundamentar la necesidad de la reforma.

El proyecto de ley deja constancia de que la reiterancia no implica una condena anticipada ni vulnera el principio de inocencia; otorga a los jueces un criterio adicional para prevenir riesgos procesales como la fuga o el entorpecimiento de la investigación. Se indica que, actualmente, la ausencia de este instrumento da lugar a interpretaciones restrictivas que favorecen la libertad de acusados con múltiples procesos abiertos, lo que debilita el sistema de control y la confianza de la ciudadanía en la justicia penal.

La reforma, si fuera aprobada, alinearía a la provincia de Buenos Aires con criterios adoptados previamente en el Congreso de la Nación y en otros distritos del país, que ya cuentan con normativas similares. Los impulsores argumentan que la medida reforzaría la protección de las víctimas y ofrecería una medida concreta ante el problema de la reiteración delictiva.

En la práctica, la ley de reiterancia concedería a los magistrados la facultad de denegar la libertad provisional a imputados que acumulen varias causas penales sin sentencia, considerando esa condición como suficiente para presuponer el peligro de que obstaculicen la investigación o evadan el accionar de la Justicia. La iniciativa procura equilibrar el respeto a las garantías individuales con la necesidad de respuestas procesales eficaces ante la reiteración delictiva y la demanda social de mayor seguridad.

El trámite parlamentario continuará con el tratamiento en comisiones y, de avanzar, será debatido en el recinto del Senado bonaerense. El futuro de la propuesta dependerá del consenso entre los distintos bloques y de las opiniones emitidas por los actores del sistema judicial y las organizaciones civiles.

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