El Parque Nacional Nahuel Huapi denunció el robo de una cámara trampa utilizada para el monitoreo del huillín, una especie de nutria nativa en peligro de extinción. El incidente ocurrió en el sector del Brazo Blest del lago Nahuel Huapi, dentro de un área de Reserva Estricta. Las autoridades advierten que la desaparición del equipo representa mucho más que la pérdida de un dispositivo tecnológico.

Según informaron desde las redes sociales del parque, la cámara sustraída —marca Browning, modelo Darks Full HD Trail Camera— formaba parte de un programa de vigilancia y estudio del huillín, especie cuya presencia en el país está gravemente amenazada.

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi detalló en un comunicado que el equipo estaba instalado en una zona donde el "desembarco y uso de los visitantes" no está permitido. El propósito de esta restricción es garantizar el monitoreo sin interferencias externas en un entorno clave para la conservación.

El área de Reserva Estricta está destinada exclusivamente a la recolección de información científica y a la protección de especies como el huillín.

La pérdida de la cámara representa "la interrupción de meses de monitoreo y recolección de información sobre una de las especies más amenazadas de nuestros ecosistemas", según el comunicado.

El seguimiento de estos animales depende en buena medida de dispositivos como el sustraído, que permiten obtener datos sobre sus hábitos y estado de conservación.

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi solicitó la colaboración de la comunidad para recuperar el material robado. Cualquier dato sobre el paradero de la cámara puede ser comunicado al Área Biología de la Conservación del parque, o bien a la bióloga Carla Pozzi, cuyo contacto se difundió en los canales oficiales. También se indicó que las personas interesadas en aportar información pueden acercarse a la sede administrativa en la avenida San Martín 24.

En el comunicado, las autoridades subrayaron el papel de la ciudadanía en la protección del huillín y de la fauna local. "La colaboración de la comunidad es fundamental para proteger al huillín y la fauna del Parque", expresó el mensaje institucional.

La Justicia federal de Neuquén confirmó la suspensión de juicio a prueba para tres hombres acusados de caza furtiva de un guanaco dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, quienes deberán cumplir una serie de condiciones para evitar una condena penal, entre ellas, pagar una suma total de seis millones de pesos.

Según información oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF), el acuerdo fue homologado el pasado 30 de diciembre por el juez con funciones de Garantías de Zapala, Ezequiel Andreani, durante una audiencia de formalización de la investigación. Recién este miércoles se dio a conocer.

El hecho ocurrió el 8 de octubre de 2025, cuando un comisario retirado de la Policía de Neuquén denunció ante personal del Parque Nacional Nahuel Huapi que había observado una camioneta con varias personas faenando ejemplares de guanaco en las inmediaciones de la Ruta Provincial Nº63, a la altura del paraje El Chenque, dentro de la jurisdicción del parque, en el Departamento de Los Lagos.

Las condiciones impuestas por el acuerdo incluyen también la obligación de realizar el Curso de Zoología dictado por el Instituto Edutin Academy, que se extiende por seis meses y otorga certificación final, a fin de promover la concientización sobre la caza ilegal de fauna silvestre.

Además, los acusados aceptaron una inhabilitación especial voluntaria por un año para la adquisición y uso de cualquier tipo de armas de fuego, así como la entrega de los permisos de caza, en caso de poseerlos.

Durante el proceso, la investigación se completó con la intervención de la Unidad de Procesamiento (UNIPRO) Bariloche de la Gendarmería Nacional, a la que se encomendó una serie de diligencias. El 2 de diciembre, uno de los imputados se presentó ante personal de la UNIPRO y entregó voluntariamente el rifle utilizado para cazar al ejemplar protegido, junto con la documentación del arma y las credenciales correspondientes. Por orden del juez, el arma fue remitida al Registro Nacional de Armas (RENAR) para su destrucción.