La investigación sobre una presunta red de coimas para facilitar el contrabando en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas (Misiones - Argentina) con Encarnación (Paraguay), derivó en una serie de allanamientos que revelaron la participación de integrantes de Gendarmería, aduaneros y trabajadores de frontera.

La causa, en manos de la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata, se centra en maniobras ilegales para permitir el ingreso y egreso irregular de mercaderías y personas, por medio del pago de sobornos a funcionarios.

Sin embargo, fuentes del caso indicaron a Infobae que la investigación comenzó con una denuncia de la propia fuerza de seguridad que detectó, en 2022, que algunos agentes cobraban coimas para dejar pasar a taxistas, remiseros y paseros paraguayos sin hacer las largas filas que se registran en el paso internacional. Además, existían algunos casos de facilitación al contrabando.

A raíz de la investigación, la Unidad de Inteligencia Criminal "Misiones", realizó el 16 de marzo 38 allanamientos simultáneos en la ciudad de Posadas, en el marco del expediente FPO 2837/2025, bajo la carátula "NN: Escuadrón 50 Posadas remite s/averiguación de delito".

En los procedimientos, los agentes secuestraron 62 teléfonos celulares, 6.071 reales, 947.000 guaraníes, 37.202 dólares, 57.333.470 pesos argentinos y 17 pesos cubanos.

Además, hallaron 26 tarjetas de memoria, una tarjeta SIM, 19 tarjetas de crédito y débito, 19 cámaras y dispositivos DVR, ocho notebooks, tres cámaras fotográficas, una caja fuerte, 649 cigarrillos extranjeros, documentación de interés, dos módems, un GPS, 17 vasos térmicos, seis cubiertas de camión y un posnet. Entre los elementos incautados también figuran dos armas de fuego y 102 municiones de distintos calibres.

La investigación también alcanzó a 22 agentes de la Administración de Rentas de la provincia de Misiones (ARCA), todos allanados y supeditados al expediente. En paralelo, 25 trabajadores paraguayos de frontera, denominados "paseros", quedaron bajo investigación judicial.

Ahora, la causa continúa con el análisis de la documentación secuestrada y los registros electrónicos obtenidos en el procedimiento.

Fuentes consultadas por este medio aseguraron que los involucrados no fueron detenidos debido a la falta de capacidad para alojamiento en las unidades dependientes de la fuerza, una versión que desmintieron desde Gendarmería.

La causa sufrió demoras por diferentes situaciones. El primer año, el caso fue archivado por la Justicia; se reactivó en 2024 con nuevas pruebas presentadas y en diciembre de 2025 Gendarmería solicitó las medidas que ahora se hicieron efectivas. Durante todo ese tiempo, que incluyó el cambio de jueces, la red continuó activa.

Los gendarmes involucrados fueron apartados y se estima que, en un futuro, sean pasados a disponibilidad y echados de la fuerza.