Santa Fe dio un paso decisivo hacia la eliminación definitiva de la actividad de cuidacoches, limpiavidrios y "trapitos" en su territorio, tras la aprobación de un proyecto de ley por parte del Senado provincial que establece su prohibición en toda la provincia y prevé la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento.

Se espera que la Cámara de Diputados sancione la ley en su próxima sesión, prevista para el 9 de abril, lo que permitirá abordar de manera integral una problemática que involucra aspectos de seguridad, gestión del espacio público y situaciones sociales vinculadas, destacaron desde el Ejecutivo provincial.

El marco normativo aprobado establece un avance respecto a regulaciones anteriores, al incorporar la actividad de los cuidacoches al Código de Faltas provincial. Esto habilitará la aplicación de multas, trabajo comunitario y, en casos de reincidencia, arresto para quienes realicen tareas de cuidado, reserva o administración de lugares de estacionamiento en la vía pública sin autorización. El proyecto contempla sanciones más severas si el infractor incurre en violencia, amenazas o cobros indebidos, y también en situaciones especiales, como durante eventos masivos o cuando se trate de grupos organizados.

Una de las dificultades para el cumplimiento efectivo de ordenanzas previas radicaba en la ausencia de herramientas legales de alcance provincial. Ciudades como Santa Fe y Rosario ya contaban con prohibiciones locales. Por ejemplo, desde mayo de 2024, la ciudad de Santa Fe implementó una ordenanza municipal que vedó la actividad en la vía pública, derogando la norma de 2019 que había establecido un registro regulatorio con credenciales para cuidadores de vehículos. Sin embargo, la falta de respaldo provincial limitaba la capacidad de control y sanción.

En la práctica, la actividad de los trapitos generó reiteradas denuncias ciudadanas. Una de las más comunes es el hecho de estacionar hasta un radio de 15 cuadras por evento y tener que pagar sumas que varían entre los 30 mil y los 40 mil pesos. Y estas acciones también suceden en otras urbes como Venado Tuerto y Rafaela.

La nueva ley habilita la intervención policial sin denuncia previa, lo que fortalece la capacidad del Estado provincial para responder ante hechos de extorsión o reclamos de la ciudadanía. Según el proyecto avalado por la Cámara alta, la policía podrá actuar de oficio ante la constatación de estas conductas.

Los cuidacoches o "trapitos", por su parte, impulsan la sindicalización y acciones legales en busca de reconocimiento institucional de la actividad. Matías Valdes, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública de Rosario, explicó que el área jurídica del gremio está trabajando en la presentación de un recurso de amparo para intentar garantizar el derecho a la organización y continuidad laboral de cuidacoches y limpiavidrios.

A su vez, precisó que "el sindicato pretende instalarse en la provincia", con Rosario como epicentro, y que la asamblea constitutiva, prevista inicialmente para esta semana, fue postergada para abrir un canal de diálogo con las autoridades municipales.

El debate cobró particular intensidad social y política. Ante la elevada visibilidad del tema, el gobernador Maximiliano Pullaro instó a los municipios a sancionar ordenanzas propias que refuercen la prohibición de la actividad.

La secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Virginia Coudannes, enfatizó que la postura del gobierno se centra en el "orden en la calle" y en la restitución del espacio público para el uso ciudadano. Coudannes remarcó que "el espacio público es de los vecinos y las calles son de los vecinos", como uno de los pilares del plan de seguridad provincial.