El gobierno del Reino Unido prepara la introducción de nuevos poderes antiterroristas que permitirán prohibir a grupos respaldados por Estados, como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). Esta iniciativa será presentada en la próxima sesión parlamentaria, según ha confirmado el primer ministro Keir Starmer durante una visita a la sinagoga Kenton United, en el noroeste de Londres, que fue objeto de un ataque incendiario reivindicado por un grupo vinculado a Irán.

La legislación propuesta permitirá al Ejecutivo británico designar como organizaciones terroristas a grupos apoyados por gobiernos extranjeros. Se prevé la creación de nuevos delitos penales para quienes apoyen o promuevan entidades incluidas formalmente en la lista de amenazas estatales. Esta medida responde a una serie de incidentes recientes que han afectado a la comunidad judía en el Reino Unido, incluyendo incendios provocados en sinagogas y ataques a ambulancias comunitarias, atribuidos a grupos islamistas con presuntos lazos iraníes, como Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia.

La decisión de proscribir al IRGC se produce tras una fuerte presión de parlamentarios y líderes comunitarios judíos, entre ellos el rabino principal Ephraim Mirvis, quienes han reclamado una respuesta más contundente frente a la creciente actividad de agentes iraníes y sus proxies en territorio británico. Según cifras publicadas en 2025 por la Community Security Trust, las agresiones antisemitas han aumentado de forma notable desde el inicio de la guerra en Gaza, identificándose 3.700 incidentes en el último año.

El primer ministro Starmer ha subrayado que el objetivo es garantizar que la comunidad judía pueda sentirse segura en el país y ha enfatizado la necesidad de que la sociedad británica en su conjunto perciba la lucha contra el antisemitismo como un compromiso colectivo. Starmer declaró: "Queremos hacer de Gran Bretaña un lugar seguro para nuestra comunidad judía. Eso implica dejar claro que estamos junto a ellos". El mandatario también mostró su preocupación por el uso creciente de agentes interpuestos por parte del régimen iraní y prometió que el proyecto de ley será presentado "en cuestión de semanas" para el inicio de la sesión parlamentaria de julio.

La medida británica sigue el ejemplo de la Unión Europea, que en enero incluyó al IRGC en su lista de organizaciones terroristas, citando la represión violenta de manifestantes en Irán y su implicación en acciones encubiertas fuera del país. Australia también lo ha catalogado como patrocinador estatal del terrorismo.

El IRGC, creado para proteger el sistema islámico iraní, se ha consolidado como una fuerza con influencia militar, política y económica en Irán y se le atribuye el patrocinio de actividades terroristas en el extranjero. Se estima que cuenta con decenas de miles de integrantes activos. Organizaciones como la Junta de Diputados de los Judíos Británicos han respaldado la iniciativa del gobierno, señalando que la demanda de proscribir al IRGC lleva tiempo siendo impulsada desde diversos sectores.

Hasta el año pasado, el Reino Unido había rehusado calificar al IRGC como grupo terrorista, optando en su lugar por un régimen de sanciones dirigido a individuos por sus actividades en territorio británico. Sin embargo, la escalada de ataques y la preocupación por la seguridad de la comunidad judía han acelerado la revisión de la legislación antiterrorista. El Ministerio del Interior confirmó los planes y reiteró que adoptará todas las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía.

Expertos en seguridad han advertido que la proscripción podría acarrear repercusiones diplomáticas, como el eventual cierre de la embajada británica en Teherán, considerada clave para los servicios de inteligencia occidentales. También existen inquietudes sobre las implicaciones de designar como terrorista a una entidad que controla los materiales nucleares iraníes, lo que podría dificultar futuras colaboraciones en caso de un cambio de régimen en Irán.

A pesar de estas reservas, tanto funcionarios como representantes comunitarios consideran que la reforma legal es un paso imprescindible para responder a las amenazas actuales y dotar a las autoridades de herramientas más eficaces para perseguir a quienes apoyan o ejecutan operaciones de influencia en nombre de intereses extranjeros.