En 2021, 14 adultos mayores fallecieron por coronavirus en el Hogar de Ancianos San Luis Gonzaga de Monte Comán, provincia de Mendoza, donde ninguno de los residentes había sido inmunizado, de acuerdo con la denuncia presentada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH). En este marco, se abrió una causa donde se investiga lo sucedido en el geriátrico y tras un cuarto intermedio, este miércoles anunciaron que se reanudará el juicio.

El establecimiento estaba dirigido por Fernando Yañez, ex sacerdote de reconocida postura antivacunas, lo que intensificó la controversia sobre la gestión y la asignación de responsabilidades institucionales. El debate judicial responde a la denuncia de organismos de derechos humanos que acusan al responsable del establecimiento de negligencia grave y decisiones opuestas a las recomendaciones sanitarias durante la pandemia.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario de Mendoza, tras la primera audiencia, el juez de Garantías Gabriel Ravagnani dispuso un cuarto intermedio luego de escuchar al abogado Richard Ermili, quien representa a la APDH como querellante en la causa.

De hecho, Ermili sostuvo que "existe una relación entre la imprudencia, la negligencia, la inobservancia de la normativa y el resultado final con la muerte de los ancianos".

De esta manera, la audiencia quedó suspendida y se reprogramó para el 8 de mayo. El Ministerio Público Fiscal había solicitado el archivo de la causa cinco años después de los hechos, es decir, que se cierre sin llegar a una sentencia, por considerar que no hay elementos suficientes para continuar o que ya no corresponde seguir investigando. Sin embargo, la postura firme de las querellas forzó la reanudación del proceso.

Hace pocos días, Fernando Yáñez declaró en diálogo con Vibra FM que el Hogar funciona actualmente sin apoyo estatal y bajo la administración de la Fundación Hogar de Jóvenes San Luis Gonzaga, brindando atención a 26 adultos mayores gracias a la ayuda limitada de la municipalidad y donaciones de un mayorista de Mendoza. El sacerdote aclaró que utiliza recursos personales para mantener en funcionamiento la institución y hasta estudia la posibilidad de vender propiedades familiares para asegurar la continuidad de la obra.

Yáñez rechazó la versión de que el Hogar hubiera rehusado la vacunación contra el COVID-19 para sus residentes. En su testimonio, desmintió que los ancianos estuvieran desprotegidos, afirmando: "Eso es un invento, en el expediente quedó claro que no había vacunas contra el COVID, solo dosis contra la gripe que fueron aplicadas a todos los internados".

A su vez, añadió que, cuando arribaron las primeras vacunas específicas, ya había contagios en curso y las autoridades sanitarias recomendaron no aplicarlas por haber sido administradas recientemente las vacunas antigripales. De esa manera, negó toda vinculación con posturas 'antivacuna' y señaló: "Yo no estoy en contra de las vacunas y si alguien me pide un consejo les digo que se las apliquen".

El sacerdote también refutó versiones que lo señalan como responsable de impedir el acceso a las vacunas, reafirmando que la situación fue distinta a la atribuida por algunos sectores de la querella. Destacó que la médica responsable, Dra. Parlavecchio, aun en estado de embarazo, atendió a múltiplos residentes del Hogar y que la responsable del área Sanitaria del Sur Mendocino, Verónica Martínez, declaró en cuatro ocasiones para respaldar la versión presentada por Yáñez sobre la gestión de la pandemia en la institución.

Por otro lado, el coordinador del Ministerio de Salud para el sur de Mendoza, Abel Freidemberg, afirma que las vacunas asignadas a los residentes nunca fueron aplicadas ya que Fernando Yañez, mantenía "una postura antivacunas" y no cumplía las restricciones de aislamiento vigentes. A este cuadro se sumó la constatación de la ausencia de protocolo sanitario, la falta prolongada del médico responsable y una inhabilitación formal del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes.