Los fiscales del Vaticano desafiaron el plazo impuesto por el tribunal de apelaciones para entregar a la defensa todas las pruebas recopiladas en el juicio financiero que investiga la multimillonaria inversión de la Secretaría de Estado en un inmueble de Londres, centro de una de las mayores controversias recientes sobre la gestión de fondos en la Santa Sede.

En una carta dirigida a la corte, los fiscales manifestaron que permitirían a los jueces consultar el material, pero no depositaron la documentación en la cancillería para el acceso de la defensa, como había sido ordenado. Alegaron que la información era "irrelevante" para el proceso y que su entrega podría perjudicar los intereses del Vaticano.

La decisión de los fiscales de no entregar la documentación completa a la defensa fue cuestionada por los abogados Cataldo Intrieri y Massimo Bassi, defensores del exfuncionario vaticano Fabrizio Tirabassi. Por medio de un comunicado, señalaron: "Nos preguntamos cómo se puede llegar a un juicio justo en estas condiciones".

El conflicto se centra en la investigación sobre una inversión de 350 millones de euros ( USD 410 millones) realizada por la Secretaría de Estado del Vaticano en una propiedad londinense. Tras dos años de proceso, en diciembre de 2023, un cardenal y otras ocho personas fueron condenados por delitos financieros. Sin embargo, la hipótesis principal de la fiscalía, que apuntaba a un gran esquema de fraude contra la Santa Sede, fue descartada.

En marzo, el tribunal de apelaciones determinó que la negativa de los fiscales a compartir todas las pruebas con la defensa había invalidado la acusación original. Declaró un juicio nulo parcial y ordenó repetir el proceso, exigiendo además que antes del 30 de abril se depositaran en la cancillería "todos los actos y documentos de la investigación en su versión íntegra".

En respuesta, los fiscales reiteraron su desacuerdo con el fallo y argumentaron que divulgar el material completo podría representar "un peligro importante" para el interés público. Los documentos permanecen en sus oficinas y solo están disponibles para consulta de los jueces a través de una memoria USB.

Los defensores, como Luigi Panella, que representa al gestor de inversiones Enrico Crasso, sostienen que la negativa constituye un incumplimiento de la orden judicial y una vulneración del derecho a la defensa. Panella subrayó que negar el acceso a la documentación limita las posibilidades de los acusados para responder a las acusaciones y preparar su estrategia legal.

Los abogados del cardenal Angelo Becciu también denunciaron que se trata de "discrecionalidad selectiva" por parte de la fiscalía, en contraposición al principio de igualdad de partes y al derecho de defensa.

El caso tuvo repercusiones fuera del Vaticano. La fiscal federal suiza especializada en delitos financieros Annina Scherrer archivó una investigación paralela contra Crasso, luego de que el tribunal vaticano absolviera definitivamente al gestor y a su empresa. En su resolución, Scherrer manifestó "con cierta sorpresa" que sus solicitudes a los fiscales del Vaticano para interrogar a algunos de los testigos habían sido rechazadas, después de haber sido enviadas al secretario de Estado del Vaticano para su evaluación. Señaló que esto evidencia la influencia de la Secretaría de Estado sobre el sistema judicial vaticano, cuya independencia formal está en entredicho.

La próxima audiencia en el tribunal de apelaciones está prevista para el 22 de junio. No se ha informado aún cómo responderá la corte ante el incumplimiento de la orden de entrega de pruebas por parte de los fiscales.

(Con información de AP)