Mientras el Gobierno impulsa una reforma en el Congreso de la Nación, este jueves se anunció que Juan Pablo Limodio será el nuevo titular de la Dirección Nacional Electoral. Quien hasta ahora se desempeñaba como presidente de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) reemplazará en el cargo a María Luz Alegría Landivar, quien ocupaba el cargo desde el comienzo de la presidencia de Javier Milei.

Según se informó desde el Ministerio del Interior, la decisión fue tomada, justamente, "teniendo en cuenta la reforma electoral impulsada por el Gobierno Nacional". En ese marco fue que "se consideró que Juan Pablo Limodio es la persona indicada para asumir en la Dirección Nacional Electoral".

"Asimismo, dada su experiencia y trayectoria en temas electorales, el ministro Diego Santilli le pidió a María Luz Landivar que continúe desempeñándose como asesora, trabajando mancomunadamente junto al secretario de Interior, Gustavo Coria", agregaron.

Abogado recibido en la Universidad Católica Argentina -donde además fue docente-, antes de dirigir el rumbo de la empresa minera interestatal situada en Catamarca, Limodio había sido subsecretario de Asuntos Públicos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires entre enero de 2022 y diciembre de 2023, momento en el que Horacio Rodríguez Larreta dejó la Jefatura de Gobierno porteña.

La modificación en la cúpula de la Dirección Nacional Electoral se da en medio del desafío parlamentario que atraviesa el Gobierno, que busca lograr la eliminación de las PASO, pero no cuenta con la mayoría que precisa para aprobar la iniciativa.

En el oficialismo reconocen que no están los votos para eliminar las PASO en el corto plazo. Según pudo saber Infobae, la falta de consenso no se limita a la oposición peronista: también existen resistencias en sectores dialoguistas y en espacios que consideran a las primarias un mecanismo indispensable para ordenar la competencia política.

El Gobierno enfrenta un escenario adverso en el Congreso para eliminar las PASO, ya que por ahora no cuenta con los votos necesarios y debe negociar con gobernadores, el PRO y otros sectores. Por ello, el oficialismo evalúa alternativas, como modificar el carácter obligatorio del sistema, en busca de una reforma electoral viable.

Transformar las PASO en optativas reduciría la capacidad del Gobierno de ordenar el sistema político, pero se presenta como una salida posible para destrabar la discusión. Según fuentes oficiales, esta semana se definirán los aspectos centrales del tratamiento parlamentario de la reforma electoral, una etapa clave para ordenar el debate sobre su alcance y contenido en el Congreso. Ese es el contexto en el que asumirá Limodio.

A la dimensión política se suma el argumento económico: el Gobierno estima que las PASO representan el mayor costo del proceso electoral, obligando al Estado a destinar más de 30.000 millones de pesos, financiados con ingresos fiscales. En la Casa Rosada sostienen que ese gasto, que recae sobre los contribuyentes, no se justifica en el contexto actual de ajuste y restricción presupuestaria.

La meta buscada con la reforma electoral fue una misión encarada por el Gobierno a sabiendas de las dificultades que tendría para lograr la mayoría parlamentaria. La propia senadora Patricia Bullrich lo había advertido puertas adentro.

Para convencer a los aliados, el Gobierno incorporó el tratamiento de un proyecto de Ficha Limpia como anzuelo ante la falta de apoyo para eliminar las PASO. Trabajó en la redacción el mismo equipo que logró cambios el año pasado, con la suspensión de esa instancia y la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP): la ex subsecretaria de Asuntos Políticos, Giselle Castelnuovo, hoy diputada; y la ahora saliente directora Nacional Electoral, María Luz Landívar.

Si no se trata antes del Mundial, el proyecto cae. No hay posibilidades de adecuar una iniciativa de esta magnitud sin contar con al menos un año de preparación, desde licitaciones hasta avales partidarios necesarios para todo comicio.