El municipio de Villa La Angostura fue denunciado por haber ingresado con maquinaria y trabajadores a lotes privados, sin autorización de sus propietarios, para instalar una cisterna de agua destinada a abastecer a una comunidad mapuche asentada en el lugar.

Propietarios de varios terrenos denunciaron que el Ejecutivo local ingresó a predios particulares para ejecutar una obra de infraestructura que beneficiará a la comunidad Paicil Antriao, involucrada en distintos conflictos territoriales en la zona.

El hecho ocurrió el viernes pasado y derivó en presentaciones ante la Fiscalía local, la Auditoría municipal y la Defensoría. Los denunciantes acusaron al municipio de haber ingresado de manera ilegítima a sus lotes para avanzar con la obra.

Según indicaron, los trabajadores municipales dañaron candados y forzaron accesos para ingresar sin autorización a las propiedades privadas.

De acuerdo con la presentación judicial, la maquinaria municipal transformó un sendero de montaña en un camino vehicular para permitir el paso de equipos pesados que trasladaron una cisterna destinada al abastecimiento de agua del asentamiento.

Con el patrocinio de un abogado local, los propietarios denunciaron daños materiales, violación de la propiedad privada y un presunto uso arbitrario de maquinaria municipal. También señalaron la apertura de una calle en un sector no autorizado y mencionaron posibles delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, evitó profundizar sobre la polémica y señaló, en diálogo con Infobae, que el caso "ya está en poder de los letrados" y que "no hay mucho para decir".

Desde la comunidad Paicil Antriao rechazaron las acusaciones y sostuvieron que los denunciantes actúan "de mala fe".

Lorenzo Loncón defendió la postura de la comunidad y cuestionó a los particulares que realizaron la denuncia. Afirmó que no se trata de una usurpación, sino de una recuperación territorial ancestral, y señaló que cuentan con representación legal en el marco de esa disputa.

En declaraciones al Diario Andino, Loncón sostuvo que la comunidad siempre actuó por vías legales y acusó a distintos gobiernos de ejercer "violencia institucional".

Además, explicó que la intervención municipal buscaba garantizar el acceso al agua y prevenir incendios forestales. "Estas obras son legales", afirmó, y negó que se haya abierto una calle nueva, al señalar que ya existía una huella en el lugar.

El vocero también indicó que iniciaron acciones legales para exigir infraestructura de servicios básicos, tanto de agua como de electricidad.

La comunidad Paicil Antriao mantiene desde hace años distintos conflictos territoriales en la provincia de Neuquén. Algunas de las ocupaciones que protagoniza cuentan incluso con fallos judiciales firmes de desalojo aún pendientes de ejecución.

El werken de la comunidad reclamó además al gobierno provincial el otorgamiento de la carpeta técnica necesaria para obtener el reconocimiento formal como comunidad, trámite que permitiría avanzar en conexiones de servicios y procesos de regularización territorial.

Sin embargo, todavía existen litigios judiciales en curso vinculados a la ocupación de tierras, en los que distintos propietarios exigen el abandono de los predios.

En el mismo cerro, la comunidad mantiene una disputa con Emanuel Ginóbili y también enfrenta conflictos con el municipio local por la ocupación de un camping ubicado sobre la costa del lago Correntoso.

Además, familias vinculadas a la comunidad se instalaron sobre el trazado proyectado de una ruta nacional destinada a desviar el tránsito pesado que atraviesa el centro de Villa La Angostura, lo que provocó demoras y bloqueos en el avance de las obras.