Los seguidores de Evo Morales tomaron este sábado el aeropuerto de Chimoré, en el Trópico de Cochabamba, para impedir la aprehensión del expresidente y dirigente cocalero, quien enfrenta procesos judiciales y tres órdenes de detención. La acción fue calificada de "pacífica" por su dirigente Teófilo Sánchez y ocurre en medio de una crisis marcada por bloqueos y tensiones políticas en Bolivia.

La ocupación del aeropuerto responde a la decisión de los manifestantes de proteger a Evo Morales frente a la posibilidad de un operativo destinado a su captura, tras acusaciones de estupro y trata de personas. Según sus dirigentes, para las bases la defensa del exmandatario es prioridad, aun a riesgo de enfrentamientos o violencia.

"Las bases han dicho, aquí vamos a defender a nuestro líder indiscutible aunque cuesten vidas, por eso ellos se concentraron y han tomado el aeropuerto de Chimoré", expresó Sánchez, citado por el periódico local El Deber. Para mantener el aeropuerto inoperable, colocaron piedras, ramas y diversos objetos a lo largo de la pista.

Evo Morales enfrenta tres órdenes de aprehensión vinculadas principalmente a un proceso judicial por estupro y trata de personas. Estas acciones judiciales obedecen a denuncias sobre supuestos hechos cometidos en 2015 con una adolescente, según los reportes oficiales.

El aeropuerto de Chimoré ha sido escenario de otras tomas desde la crisis política de noviembre de 2019, cuando Morales dejó el país. Durante los últimos años, especialmente bajo el gobierno de Luis Arce con Eduardo Del Castillo en el Ministerio de Gobierno (2024-2025), los cocaleros del Chapare mantuvieron el control de la terminal por periodos prolongados.

De acuerdo con Sánchez, la ocupación responde a la información recibida sobre operativos preparados por el Gobierno y el presidente Rodrigo Paz para ejecutar la aprehensión de Morales.

Los bloqueos encabezados por grupos afines a Morales han dejado a La Paz incomunicada desde hace 16 días, provocando escasez de alimentos, carne, medicamentos, combustibles y oxígeno para hospitales. Como consecuencia directa, al menos tres mujeres fallecieron al no poder acceder a atención médica de urgencia, según los balances oficiales.

La situación afecta también a otras regiones, entre ellas Oruro, Santa Cruz y Cochabamba, profundizando la crisis social y perjudicando el abastecimiento. Morales sostiene que existe un plan para detenerlo, presuntamente con participación de la DEA, y rechaza las acusaciones de que su entorno financia o dirige las protestas en las carreteras.

En medio del creciente conflicto, persisten denuncias de complots y financiamiento ilegal. Morales afirma que se prepara un operativo apoyado internacionalmente para detenerlo, mientras que el Gobierno advirtió sobre un "plan macabro" dirigido a desestabilizar el país, el cual sería financiado por el narcotráfico.

El vocero presidencial José Luis Gálvez declaró: "El financiamiento del narcotráfico está detrás de estos dirigentes", responsabilizando a Morales y sus aliados de buscar la ruptura de la democracia. Morales, por su parte, niega todas las acusaciones y sostiene su demanda de un proceso legítimo en su contra.

Durante los bloqueos y operativos para restablecer el tránsito, periodistas y trabajadores de la prensa han sido víctimas de agresiones y retención por parte de bloqueadores radicales en zonas rurales del sur de La Paz como Lipari y Huajchilla.

Asimismo, las fuerzas del orden y periodistas se vieron atacados con dinamitas y explosivos caseros lanzados por manifestantes. Pese al uso de gases lacrimógenos, la dispersión fue limitada por el terreno abierto, y finalmente los bloqueadores retomaron el control de los puntos estratégicos en la ruta entre La Paz y Río Abajo.

En total, la Defensoría del Pueblo informó sobre el arresto de 57 personas este sábado durante operativos conjuntos en los que participaron más de 3.500 policías y militares para desbloquear carreteras y restablecer el abastecimiento de alimentos y medicinas. El monitoreo de la situación continúa ante el riesgo de nuevas acciones y represalias.

A pesar de la escalada de denuncias y las persistentes vías bloqueadas, Morales insiste en exigir garantías de seguridad y respeto a su derecho a la defensa, mientras la crisis sigue generando impactos profundos en Bolivia.