Un mensaje intimidante hallado en el baño de la Escuela Secundaria N°7 de Punta Lara activó una investigación judicial y reforzó la preocupación por la seguridad en los establecimientos educativos de la región. El preceptor de la institución denunció el hallazgo de varias hojas con amenazas, entre ellas la frase "Mañana mueren todos", lo que generó la intervención inmediata de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 16 de La Plata.

De acuerdo con el reporte de 0221, en los mensajes se mencionaba con nombre y apellido a dos estudiantes de cuarto año, y se hacía referencia a un presunto tiroteo programado para el 29 de mayo de 2026 en el edificio ubicado en la calle 5 entre 22 y 24 de Punta Lara. Fuentes policiales indicaron que, tras la denuncia, la SUB DDI Ensenada colaboró en el operativo y se incautaron los elementos encontrados en el baño.

La gravedad del episodio se enmarca en una serie de hechos similares ocurridos desde el 15 de abril, cuando comenzaron a registrarse amenazas en escuelas de La Plata y otras ciudades de la provincia de Buenos Aires. En ese período se realizaron más de 50 denuncias en la región y la Fiscalía de Menores tenía identificados a cerca de 30 adolescentes vinculados a intimidaciones previas.

En paralelo, la preocupación se extendió al ámbito universitario. 0221 consignó que estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata denunciaron la aparición de una amenaza de tiroteo escrita en una de las paredes del edificio. Las autoridades universitarias ya intervienen para esclarecer el hecho y determinar el origen de la advertencia.

La Escuela Secundaria N°7 de Punta Lara permanece bajo vigilancia especial mientras avanzan las actuaciones judiciales. Por el momento, la investigación se concentra en identificar a los responsables de los mensajes y en determinar si existe algún vínculo con la cadena de amenazas que afecta a instituciones educativas de la zona.

En los últimos meses, las amenazas de tiroteos y ataques en escuelas argentinas muestran un aumento sostenido y preocupan a las autoridades educativas y judiciales. Datos recientes indican que desde abril de 2026 se produjeron más de 60 amenazas de tiroteo en establecimientos de distintos puntos del país, superando ampliamente los registros de años anteriores. El fenómeno, que muchas veces se origina en plataformas digitales o redes sociales, ha llevado a la activación de protocolos de emergencia y a la revisión de medidas de seguridad en cada distrito.

Las consecuencias judiciales por este tipo de amenazas varían según la edad de los involucrados. A partir de una reforma legislativa aprobada en febrero de 2026, la edad de imputabilidad en Argentina bajó de 16 a 14 años, lo que implica que adolescentes desde esa franja pueden enfrentar procesos penales.

Aquellos menores de esa edad, aunque no resulten penalmente responsables, quedan sujetos a la intervención de los Tribunales de Familia y pueden recibir sanciones socioeducativas, además de la notificación y convocatoria a sus padres o tutores. En algunos distritos, se han sancionado a padres de menores no punibles o se les ha imputado responsabilidad civil y económica, incluyendo el cobro de los costos de los operativos policiales desplegados por falsas alarmas.

Las autoridades remarcan que toda amenaza se investiga como un delito, sin distinción de edad, y que la respuesta institucional busca equilibrar la protección de la comunidad educativa con la responsabilidad penal y civil de quienes promueven o reproducen este tipo de conductas.

Una alerta del FBI permitió que el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos neutralizara una posible amenaza de atentado contra la Escuela Técnica Nº 1 General Francisco Ramírez de Paraná, tras detectar mensajes atribuidos a un menor que expresaban la intención de atacar con armas de fuego a estudiantes y luego quitarse la vida.

El aviso internacional llegó el jueves 28 de mayo a través de representantes del FBI de la Embajada de Estados Unidos en Argentina y fue canalizado por la Agencia Nacional de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia. La amenaza se había publicado en la plataforma Discord y mencionaba de forma explícita un ataque dentro del establecimiento.

Tras el reporte, el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía de Entre Ríos, el Ministerio Público Fiscal y el Consejo General de Educación conformaron una Mesa de Situación Interagencial para coordinar medidas preventivas e investigativas, según el mismo medio. En ese marco, las autoridades educativas dispusieron la suspensión preventiva de clases durante el viernes 29 de mayo.

Según UNO Entre Ríos, la investigación permitió identificar al menor, el domicilio y la escuela mencionada. Con intervención judicial, durante la madrugada de ese viernes se realizó un allanamiento en la vivienda del alumno, con resultado negativo en la búsqueda de armas de fuego, y se secuestraron dispositivos informáticos y teléfonos para peritajes.