En prisión preventiva quedaron la tarde este martes en la comuna de Cañete (630 kms al sur de Santiago) cuatro comuneros miembros de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), acusados en calidad de coautores de robo con intimidación reiterado, incendio de vivienda reiterado y un homicidio simple, en la provincia de Arauco.

Los individuos, identificados como Alexis Llanquileo, Eduardo Donoso Tromelao, Diego Lincopan y César Millanao, fueron apresados por la madrugada en varios allanamientos llevados a cabo por unos 150 detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) y personal de la Armada en el lof Huentelolen, ubicado en dicha comuna.

El delito más grave que se les imputa es el crimen del brigadista de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Moisés Orellana, de solo 21 años, hecho acaecido en septiembre de 2020, fecha desde la que se encontraban prófugos de la justicia. Por ese atentado incendiario, que además terminó con tres viviendas quemadas, otros dos comuneros ya fueron sentenciados a 28 años de cárcel.

Uno de los formalizados, Alexis Llanquileo Mariñan, de 27 años, también tendría directa relación con un ataque incendiario ocurrido en el sector Los Ríos, donde un trabajador resultó herido a bala en una pierna y una veintena de vehículos y máquinas forestales resultaron calcinados.

La fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, explicó en la audiencia de formalización que la policía logró dar con imágenes que "donde aparece un sujeto encapuchado, armado, que baja de un vehículo e intimida al chofer de un camión".

"Esa persona fue identificada mediante el trabajo científico-técnico de la PDI y hoy, finalmente, pudo ser detenido", detalló sobre Llanquileo.

En tanto, el seremi de seguridad pública del Bíobio, Richard Soto, valoró el trabajo de la policía asegurando que la prisión preventiva de los cuatro acusados es un hecho concreto "que hoy día le va a entregar una mayor posibilidad a la gente la provincia de Arauco, de poder desplazarse, de poder tener una vida normal".

Tras la audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía de Cañete fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.