Tras más de 50 días de conflictos sociales, desde este sábado rige en todo Bolivia el estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz, con el objetivo de liberar carreteras, restablecer la libre circulación y asegurar el abastecimiento de productos esenciales. El Gobierno sostuvo que la medida no suspende derechos fundamentales ni paraliza las actividades cotidianas.

"Tras agotar todas las vías de diálogo, llegar a acuerdos con aquellos cuyas demandas eran legítimas e identificar a quienes utilizaron la violencia en un intento por desestabilizar Bolivia, tomamos la decisión de declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional", afirmó el jefe de Estado en un discurso televisado.

El Ejecutivo decretó la medida a las 01:30 de este sábado para todo el territorio nacional. Paz destacó que el objetivo es poner fin a los bloqueos que afectan a distintas regiones y garantizar el acceso a alimentos, combustible y medicamentos.

El mandatario también ordenó a la Policía y a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones para recuperar las carreteras y resguardar a la población.

La prohibición central alcanza a cualquier bloqueo en vías de circulación del país. La explicación difundida por el Gobierno indica que la medida impide bloquear calles, avenidas, caminos y carreteras que afecten el paso de personas y el abastecimiento de bienes esenciales.

También queda prohibido portar armas, explosivos, sustancias inflamables y combustible en envases no autorizados durante movilizaciones o concentraciones. En áreas con hechos de violencia, las autoridades podrán restringir de forma temporal la venta de bebidas alcohólicas.

El Gobierno aclaró que las personas podrán circular y desarrollar sus actividades con normalidad fuera de las zonas con restricciones puntuales. Las actividades laborales, educativas y económicas continúan, al igual que los servicios financieros, los mercados y los negocios formales e informales.

La medida tampoco restringe el derecho a la información ni la libertad de expresión. Fuera de las áreas bajo limitaciones temporales, las reuniones permanecen permitidas.

Las Fuerzas Armadas de Bolivia no reemplazarán a la Policía, sino que le darán apoyo temporal y coordinado para liberar vías bloqueadas y proteger rutas estratégicas e infraestructura esencial. La Presidencia señaló que ese despliegue también apunta a sostener el abastecimiento en el país.

En lugares donde existan riesgos para el traslado de personas o valores, podrán aplicarse ajustes temporales en determinados servicios. El texto base también contempla la posibilidad de toque de queda solo en zonas de restricción definidas por el Gobierno o por el Ministerio de Defensa.

El acceso a alimentos, combustible y medicamentos figura entre los objetivos centrales de la medida. Esa garantía forma parte del alcance operativo del estado de excepción, junto con la recuperación del libre tránsito.

La decisión llegó tras más de seis semanas de protestas y después de 46 bloqueos registrados en cinco departamentos. Ese balance mostraba una baja frente a los 102 puntos activos de principios de mayo, aunque todavía persistían focos de tensión.

El conflicto dejó 16 muertes, 13 de ellas por falta de atención médica oportuna. Los bloqueos comenzaron el 6 de mayo en sectores afines a Evo Morales y en la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, mientras la Central Obrera Boliviana (COB) alcanzó un acuerdo con el Gobierno el viernes por la noche en La Paz.

Mario Argollo, dirigente de la COB, dijo que desde ese momento se levantaban las medidas de presión a nivel nacional. El acuerdo fijó plazos de 90 días para aplicar compromisos oficiales y abrir mesas de trabajo desde el miércoles siguiente.

Pese a ese entendimiento, Severo Marca, representante de la Túpac Katari ante la Csutcb, rechazó el pacto y lo definió como una traición. Esos sectores anunciaron que mantendrían los bloqueos y seguirían exigiendo la renuncia de Paz.

La medida podrá durar hasta 90 días, aunque el Gobierno podrá levantarla antes si cesan los bloqueos, los hechos de violencia o las amenazas que motivaron su aplicación.