El gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, informó que la Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas de Chubut ya impulsó 16 proyectos por más de USD 60 millones y 1.050 puestos de trabajo, a poco más de dos años de su sanción.

El nuevo régimen, que ofrece exenciones de hasta el 100% en Ingresos Brutos y del Impuesto de Sellos para atraer capital privado, presentó casos como el de ciudad de Esquel en donde se registraron más de 17 desarrollos del sector, incluidos proyectos hoteleros, complejos de departamentos y propuestas gastronómicas.

Además, en esa localidad se destaca el Hotel Pueblo Carao, con una inversión superior a USD 17 millones, que será el primer alojamiento cinco estrellas de la cordillera chubutense.

Torres sostuvo: "Cuando una actividad es económicamente inviable, tenemos que entender la importancia de quitarle el pie de encima a quien produce para poder generar más actividad". También afirmó que "cuando hay alivio fiscal", "se recupera la confianza y hay una política de Estado a mediano y largo plazo, los hechos se concretan".

Los resultados se expusieron en Casa de Gobierno ante intendentes de distintas localidades, incluidos los jefes comunales de Puerto Madryn, Trelew y Río Mayo, además de empresarios y representantes de instituciones vinculadas al turismo.

En ese encuentro, el gobernador remarcó que "la diferencia en la inversión" concreta y generación de trabajo entre los municipios que adhirieron a la ley y los que no lo hicieron "es abismal".

"Hoy tenemos hoteles en construcción y proyectos que marcan un claro contraste entre los municipios que adhirieron a la ley y aquellos que no lo hicieron. Mientras tanto, estamos mostrando resultados concretos", señaló Torres.

El mandatario anticipó que el crecimiento de la infraestructura turística deberá acompañarse con más conectividad y mencionó mejoras en el aeropuerto de Esquel, junto con otras obras asociadas al desarrollo del sector.

Vale recordar que en marzo de 2025, el Gobierno nacional modificó la Ley Nacional de Turismo para orientar la política sectorial hacia la llegada de inversiones privadas, eliminar programas de financiamiento y redefinir las atribuciones de la Secretaría de Turismo.

Las medidas habían quedado formalizadas mediante el decreto 216/2025, publicado en el Boletín Oficial, que también invita a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a establecer beneficios para la actividad.

La norma disolvió el Comité Interministerial de Facilitación Turística, el espacio encargado de coordinar acciones administrativas entre organismos públicos vinculados al sector. También suprimió las responsabilidades relacionadas con el desembolso de recursos para el incentivo al turismo y el Plan de Turismo Social. Aquel cambio también alcanzó al Programa Nacional de Inversiones Turísticas, creado para financiar proyectos e inversiones de interés turístico en todo el país.

El Poder Ejecutivo sostuvo que la actividad turística requiere una organización estatal capaz de responder con rapidez a los cambios del mercado y a los nuevos desafíos del sector. Bajo ese criterio, planteó que el Estado debe generar condiciones para el desarrollo de iniciativas e inversiones privadas "sin interferencias que alteren las reglas de juego de los actores".

La reorganización buscó concentrar la estructura pública en la promoción de inversiones y en el fomento del desarrollo turístico. El decreto señaló que resulta necesario "orientar y enfocar la organización pública vinculada a la actividad turística a la función esencial de promoción de la inversión en el sector y el fomento de su desarrollo".