El juez federal Daniel Rafecas desestimó la denuncia contra el presidente Mauricio Macri por el tratado gubernamental con Qatar para crear un fondo de inversiones, con oficinas "off shore", que tendría acceso a las acciones de la ANSES.

"Considero que no existen en autos elementos de juicio que de alguna manera habiliten siquiera a iniciar  una investigación penal en los términos solicitados por la Sra. Fiscal", resolvió el magistrado en un fallo divulgado en los tribunales.

De todos modos, Rafecas avisó que si el tratado avanza se deberá "respetar y adecuarse estrictamente a la legislación vigente en la República Argentina en materia de inversión para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y con la totalidad de las aprobaciones y controles previstos en la legislación nacional".

En noviembre pasado la Presidencia de la Nación informó por comunicado que, en el marco de la gira oficial por Medio Oriente de la vicepresidenta Gabriela Michetti, se había firmado un acuerdo entre el Fondo Catarí de Inversiones y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

El fondo catarí invertirá "mil millones de dólares" y los "300 millones restantes estarán a cargo del FGS de la ANSES, a desembolsarse en un plazo de tres años, en principio, para obras de infraestructura, aunque puede ampliarse a más áreas, como la energía", rezaba el comunicado.

Pocos días después, Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, y habitual denunciador en Comodoro Py, presentó una denuncia en el juzgado federal 3 contra Macri, Michetti y el ex tenista Gastón Gaudio.

Los otros denunciados fueron la canciller Susana Malcorra, el director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad ANSES, Luis María Blaquier, el asesor del Presidente en Inversión Extranjera, Horacio Reyser, el director general de Relaciones Internacionales del Senado, José Ortiz Amaya, y la embajadora argentina en Doha, Rossana Cecilia Surballe.

También figuraron el emir de Qatar, Sheik Tamin Bin Hamad Al Thani; el director ejecutivo de Qatar Investment Authority (QIA), Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud al Thani.

La denuncia planteó que se investigue si la firma del acuerdo con Qatar supuso o no los delitos de "actos irregulares o indebidos", "administración fraudulenta", "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas", y para el caso de Gaudio, "tráfico de Influencias" porque según sus dichos sería "quien acerca a los saudíes a realizar negocios con el Estado Argentino".