19 de noviembre de 2021
Duro informe de ONGs sobre represión en Nicaragua
Las organizaciones señalan que en Nicaragua existe “una concentración de poder en Daniel Ortega y la degradación del Estado de Derecho desde hace más de dos décadas”.
Detenciones arbitrarias, persecución sistemática a lÃderes sociales, concentración de poder en el presidente Daniel Ortega y el accionar de “fuerzas de choque y grupos paraestatales†fueron denunciadas este jueves por un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos en el “Informe de la Verdad-Dictadura y Represión en Nicaraguaâ€.
Se trata de un extenso documento elaborado por unas 15 organizaciones, entre ellas AmnistÃa Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), presentado en Costa Rica.
El sitio 100noticias detalló que para la elaboración del informe se usó una metodologÃa participativa y técnicas de documentación y registro con un enfoque de derechos humanos que incluyó la perspectiva de género.
“El informe da cuenta de que, en abril de 2018, se inició una de las crisis sociopolÃticas más graves de los últimos años en Nicaragua, cuyas consecuencias sociales, económicas e institucionales permanecen y tienden a agravarseâ€, advierte el texto.
Marca como un comienzo posible “el cierre de espacios de participación y la polÃtica de obligar a estudiantes universitarios a formar parte de actividades progubernamentales, que provocaron protestas sociales masivas en distintas localidades del paÃs, que fueron ferozmente reprimidas por agentes estatales, fuerzas de choque progobierno y grupos armados paraestatalesâ€.
Las organizaciones señalan que en Nicaragua existe “una concentración de poder en Daniel Ortega y la degradación del Estado de Derecho desde hace más de dos décadasâ€, a partir del acuerdo “conocido como Pacto Alemán-Ortega, realizado en 1998 para consolidar un sistema bipartidista e instrumentar reformas constitucionales y electorales que permitieron el despojo del pluralismo polÃticoâ€.
Arnoldo Alemán fue alcalde de Managua y después presidente desde 1997 al 2002, y es lÃder del Partido Liberal Constitucionalista, uno de los pocos habilitados para participar en los comicios del pasado domingo 7.
El informe denuncia que “el Poder Judicial no estuvo exento de reformas para lograr también su absoluta subordinaciónâ€, advierte que las reformas electorales fueron “limitando el derecho a la participación de otros espacios polÃticos de la oposición, que dieron lugar al control absoluto por parte de Ortega sobre la Asamblea Nacional†y cuestionó que la PolicÃa Nacional y las Fuerzas Armadas “se encuentran subordinadas al presidente de la Repúblicaâ€.
“En este Estado Policial, existen asimismo grupos paraestatales que vienen actuando en forma paralela y coordinada con la PolicÃa Nacional y se conformaron Comités de Liderazgo Sandinista, como parte de los dispositivos de control social en las instituciones públicasâ€, indica el texto, que cifra en 3.850 las detenciones “arbitrarias y por causas polÃticas†desde julio de 2018 a mayo de 2020.
Las organizaciones manifiestan que “existe una persecución penal sistemática a lÃderes de diferentes sectores de la sociedad†y que, como parte de esa polÃtica, la Justicia Penal “arma expedientes judiciales contra lÃderes de diferentes sectores de la sociedad nicaragüense con una participación activa en la protesta social, calificándolos de `terroristas`, `golpistas` y `traidores a la patria`â€.
Para los denunciantes, “los crÃmenes de lesa humanidad†en los últimos tres años de crisis sociopolÃtica se produjeron “con garantÃa de total impunidad, vulnerando los derechos de acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las vÃctimas, sus familiares y la sociedad todaâ€.
El extenso documento releva seis “etapas de la represiónâ€: 1) Represión generalizada a la protesta ciudadana; 2) Imposición de un Estado terrorista y la “Operación Limpieza†después de las protestas de 2018; 3) Criminalización de la protesta ciudadana, detenciones arbitrarias y presos polÃticos; 4) Prohibición de la protesta social, hacia un Estado de Excepción; 5) Secuestros exprés, torturas y cárceles clandestinas; y 6) Encarcelamiento y criminalización de opositores electorales.
El informe concluye con la denuncia de la falta de atención médica por parte del Estado a los manifestantes heridos en 2018, la falta de acceso a la libertad de prensa, el encarcelamiento de opositores y el asedio a periodistas y medios de comunicación que fueron confiscados de facto.
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