En Rio Grande do Sul, sin embargo, la situación parece más complicada. Según datos del gobierno del estado y del Ministerio de Transportes, 2.846 personas aún no han podido regresar a sus hogares y viven en centros de acogida creados durante la emergencia, mientras que 2.815 km de carreteras siguen intransitables. 38 tramos de autopista continuan bloqueados. Los jóvenes también están pagando el precio, ya que 14.742 alumnos están estudiando a distancia o en modo híbrido debido a los daños estructurales de muchos edificios escolares. Aunque la reapertura del principal aeropuerto de Rio Grande do Sul, el Salgado Filho de Porto Alegre, ha sido un símbolo de renacimiento y del fin del aislamiento geográfico provocado por la catástrofe, muchas de sus pistas siguen inutilizables. La previsión es que las operaciones no se reanuden hasta octubre como muy pronto. Pero, sobre todo, aún no han comenzado las obras fundamentales para asegurar las estructuras que causaron el desastre, para evitar que vuelvan a ocurrir tragedias similares con las primeras lluvias, más abundantes de lo normal. En la capital del estado, Porto Alegre, por ejemplo, aún no ha comenzado la reconstrucción del sistema de contención del lago Guaíba, en particular el muro de la avenida Mauá, cuya ruptura provocó la inundación de la ciudad.

La semana pasada, el gobernador del estado de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), se reunió con el presidente Lula en Brasilia para reforzar tres reivindicaciones, empezando por la ampliación del programa de subsidios de emergencia. A esta petición se añadieron las de facilitar y agilizar la concesión de créditos a las empresas afectadas por la tragedia y la solicitud de medidas más contundentes de apoyo al agronegocio en su región. En un comunicado oficial publicado en sus redes oficiales, Leite, al tiempo que agradeció al presidente Lula la ayuda prestada por su administración a los afectados por las inundaciones, afirmó que no dejaría de “pedir e incluso quejarse, si fuera necesario” y que no crítica para “fustigar al gobierno”, sino para “mejorar y entregar a la población lo que se propone”. Las tensiones con el gobierno han aumentado especialmente en relación con la cuestión del arroz. A pesar de que los agricultores de Rio Grande do Sul, que suministran una media de casi el 80% del grano brasileño, habían garantizado la continuidad del abastecimiento en todo el país, el gobierno había optado por una subasta internacional con venta de arroz en paquetes de marca gubernamental a precios populares. La polémica y las críticas de corrupción y conflicto de intereses por parte de los funcionarios implicados en la subasta hicieron que el proyecto quedara aparcado, al menos por el momento. Al final, según anunció en junio el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Rio Grande do Sul producirá este año el 69,3% de todo el arroz brasileño, a pesar de las inundaciones.

El pasado mes de julio también surgieron tensiones entre el gobernador Leite, que exigía más fondos federales, y el ministro Pimenta, controversia que contribuyó a la decisión del ministro de abandonar su puesto en Rio Grande do Sul y regresar a Brasilia.

El gobierno de Rio Grande do Sul había anunciado en mayo una especie de Plan Marshall para que el estado pudiera recuperarse de la tragedia. Se trata del plan “levantarse de nuevo” (“Volta por cima” en portugués) que prevé una inversión de 240 millones de reales, 42 millones de dólares. A ello se añadieron otros fondos, también del estado de Rio Grande do Sul, por un total de 1.540 millones de reales, 272 millones de dólares. Pero hasta ahora sólo se han pagado 2.500 reales (442 dólares) a cada familia damnificada por las inundaciones. En cuanto al gobierno de Lula, se habían prometido 90.000 millones de reales (15.924 millones de dólares), de los cuales 77.000 millones de reales (13.624 millones de dólares) en fondos específicos para la emergencia. Hasta ahora sólo han llegado 22.000 millones de reales (3.892 millones de dólares), y eso en agosto. A este panorama se añade un problema que probablemente se agravará en las próximas semanas y meses. De hecho, muchos municipios, incluida la capital del estado, Porto Alegre, para ayudar a sus conciudadanos, han suspendido el impuesto de bienes inmuebles sobre las viviendas de las regiones más afectadas, con lo que sólo en Porto Alegre se han perdido unos ingresos de 180 millones de reales, unos 32 millones de dólares.

Además, hay que tener en cuenta otros dos factores: la salud y la seguridad. De mayo a julio, 25 personas murieron en el estado de Rio Grande do Sul a causa de la leptospirosis, enfermedad que se transmite por la orina, sobre todo de las ratas, y que estalló a causa de las inundaciones y el consiguiente estancamiento del agua. Datos de la Secretaría de Salud del estado de Rio Grande do Sul informan de que también se han confirmado 546 casos de personas que han contraído la enfermedad sin haber muerto a causa de ella. Además de la leptospirosis, se registraron 10 casos de tétanos y 25 de hepatitis A, así como 959 incidentes causados por animales venenosos, lo que demuestra que la situación en este estado del sur sigue siendo difícil.

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