Tras un análisis exhaustivo de la situación y de cómo las jurisdicciones -especialmente las bonaerenses- cobran estas tasas, muchas de las cuales no tienen contraprestación alguna, la Secretaría de Comercio está redactando una resolución para dejar expresamente prohibido que los intendentes, para poder cobrar más fácilmente, utilicen prestadores de servicios públicos, como puede ser una cooperativa eléctrica, por ejemplo, para cobrar una determinada tasa.

El cobro de las tasas municipales afecta a varias actividades, pero las que más padecen los incrementos exhorbitantes y la creación de nuevas que no tienen una contraprestación clara son los supermercados, los bancos y los hoteles. En los tres casos, las empresas vienen reclamando desde hace ya varios meses, pero ahora la preocupación cobró más relevancia porque se inmiscuyó el Gobierno en esta pelea. Es una realidad que los mayores aumentos sucedieron durante los nueve meses que lleva el actual gobierno debido a la fuerte reducción que hizo de los fondos.

“Las alícuotas de Ingresos Brutos y tasas municipales están en los niveles más altos históricos, por lo que la presión tributaria actual es insostenible en el tiempo. Esta situación provoca la erosión de la poca rentabilidad del supermercadismo, pudiendo en algunas plazas transformarla en rentabilidad negativa”, había dicho a Infobae el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez. También se había expresado el titular de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Javier Bolzico, al manifestar que en los últimos años varios municipios comenzaron a cobrar “tasas desproporcionadas, sin relación con los servicios que prestan” y “son una forma de extraer recursos de los usuarios financieros a cambio de nada, lo que les quita legitimidad y torna cuestionable su legalidad”. “En lo que va de 2024, los aumentos de tasas duplican y hasta triplican la inflación del período, agravando aún más la situación. Inexplicable”, afirmó el directivo ante la consulta de este medio.

Es en este contexto que Economía sacará la resolución. En paralelo, sin embargo, los equipos legales seguirán analizando si es posible encarar los caminos de la judicialización vía la Corte Suprema, y por otro, trabajar en un proyecto de ley que limite la posibilidad de que las provincias y municipios puedan incrementar sus impuestos sin límite. “Las municipalidades tienen autonomía, entonces en algunos temas no tenés competencia originaria en la Corte. Lo estamos estudiando, viendo qué está haciendo cada uno y donde podamos ejercer presión desde el legislativo se va a hacer y donde podamos hacer presentaciones judiciales con competencia originaria de la Corte también vamos a hacerlo”, dijeron fuentes oficiales. Lo que se hará ahora, con la norma que saldrá la semana próxima, busca complicarles el camino de la cobranza a muchos intendentes, pero no implica una prohibición, ya que eso es inviable.

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